La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles sobre «una práctica estatal permanente en Nicaragua» de detenciones arbitrarias contra opositores al régimen de Daniel Ortega.
«CIDH toma nota de una práctica estatal permanente en Nicaragua: detenciones arbitrarias, criminalización con cargos desproporcionados, sin garantías procesales para opositores, por ejemplo, para líder estudiantil Kevin Solís y lideresa de UNAB, María Esperanza Sánchez», denunció el organismo a través de Twitter.
La Fiscalía Orteguista acusó el lunes pasado a tres universitarios que han participado activamente en las protestas que se realizan en la Universidad Centroamericana (UCA). Los jóvenes fueron acusados por un supuesto robo de 600 córdobas en perjuicio del parapolicía José Leonel Suazo Gutiérrez, quien se infiltró al recinto universitaria para tomar videos y fotografías a los jóvenes que protestaban.
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El juez orteguista Celso Urbina, admitió la acusación, dictó prisión preventiva contra Kevin Solís (el único detenido), de 21 años, y giró orden de captura contra los otros dos universitarios: Enmanuel Torres y Gerson Suazo.
La CIDH también se refirió a los casos de María Esperanza Sánchez, acusada del falso delito de tráfico de drogas, y de la mujer transgénero Mayela Cruz quien recientemente sufrió un preinfarto.
La Comisión llamó al Estado de Nicaragua a respetar la libertad personal, el debido proceso (especialmente, garantizar la integridad, salud y vida de personas bajo custodia) y promover la pronta liberación de personas presas bajo cargos infundados en el contexto de la crisis de derechos humanos.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y familiares de los manifestantes detenidos han acusado a la Policía y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, «sembrado drogas y armas», para presentar los casos como delitos comunes.
El bufete jurídico Defensores del Pueblo ha denunciado que el Poder Judicial nicaragüense está condenando ahora a los opositores bajo delitos comunes y con policías como testigos, para evitar que sean llamados presos políticos.
Según diversos sectores, las autoridades ahora están acusando a los opositores por delitos comunes, y no por los delitos de crimen organizado y terrorismo, como lo hicieron en un principio, antes de aprobar la polémica Ley de Amnistía.