30 universidades Jesuitas demandan a Ortega “revertir” el cierre y confiscación de la UCA en Nicaragua

Las 30 universidades e instituciones de educación superior que conforman la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), demandaron al régimen de Daniel Ortega que “revierta” el cierre y confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua, Nicaragua.

Las universidades Jesuitas expresaron su solidaridad con la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, así como con el alumnado y los familiares, directivos, docentes y el personal administrativo de la UCA.

“En AUSJAL reiteramos nuestro apoyo pleno a la UCA Nicaragua y a nuestros hermanos jesuitas que viven en ese país. Asimismo, nos unimos a las demandas de la Provincia Centroamericana, de la Curia General de la Compañía de Jesús y de los jesuitas de todo el mundo para que: se reviertan y corrijan inmediatamente la drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense y el Consejo Nacional de Universidades”, señaló en un comunicado la Asociación de Universidades.

También exigió que “cese la que hasta ahora ha sido una actitud de creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes” y que “se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.

La AUSJAL destacó el servicio educativo de alta calidad académica y del compromiso social que la UCA ha ofrecido al pueblo nicaragüense de 1960 a la fecha, y que ha sido reconocido en aquel país y en otras latitudes.

“La UCA ha sido calumniada y hostigada, al igual que las más de tres mil organizaciones de la sociedad civil Nicaragua y que la Iglesia católica, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el gobierno. Por parte del Ministerio de Gobernación, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Consejo Nacional de Universidades (CNU), a la Universidad se le negaron injustificadamente las certificaciones para cumplir con su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, al igual que ocurrió con otros 27 centros de educación superior cuyos bienes fueron confiscados. Al ser excluida de estos órganos, la UCA perdió acceso al presupuesto público destinado a la educación que le correspondía, lo que perjudicó directamente al sector de su alumnado que requería de este presupuesto para financiar sus estudios”, criticó.

“Dios tiene la última palabra sobre la historia, y también la tendrá sobre Nicaragua”, concluyeron las universidades Jesuitas.