El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados de facto en la Asamblea Nacional, cancelar las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que sumarían 1.270 las organizaciones de este tipo ilegalizadas desde 2018.
En la lista de 100 organizaciones presentada por el sandinista Filiberto Rodríguez, incluye el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), que ha denunciado los asesinatos contra los pueblos indígenas de Nicaragua.
CALPI, es una organización no gubernamental con personería jurídica otorgada por la Asamblea Nacional por medio del Decreto No. 1316 del 27 de mayo de 1996, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 135 del 18 de junio de 1996.
Provee asesoría legal a las autoridades, dirigentes y lideresas tradicionales, en la defensa y preservación de su cultura, cosmovisión, lengua, y medios de vida tradicional que constituyen sus tierras comunales; derechos protegidas por la Constitución Política de la Republica de Nicaragua y la normativa internacional de los derechos humanos.
Actualmente CALPI se encuentra asesorando a las comunidades indígenas de Tasbapounie, al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes que conforman el Territorio Rama y Kriol; así como a la Comunidad Negra, Creole, Indígena de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS); en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de consulta, y por ende de consentimiento libre, previo e informado, relacionado al mega proyecto del Canal Interoceancio de Nicaragua.
Ya son más de 76 organizaciones indígenas y afrodescendientes ilegalizadas por el régimen de Ortega.
Según el Ministerio de Gobernación (MIGOB), las ONG afectadas supuestamente han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros”.
Asimismo, las acusan de no haber presentado sus estados financieros detallados, que tienen juntas directivas vencidas, que no reportan donaciones provenientes del exterior y tampoco brindan información sobre la identidad y origen de los donantes con nombres, apellidos, cédula de identidad, pasaporte y dirección exacta del domicilio.
El sancionado Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de “ordenamiento de algo que estaba al garete”, debido a que presuntamente había organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes.