Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California autorizó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, en lo que constituye una nueva victoria de la Casa Blanca en su ofensiva contra el programa migratorio.
La decisión suspende la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los beneficiarios continuar bajo el amparo que los protege de la deportación.
Con ello, alrededor de 51.000 hondureños, casi 3.000 nicaragüenses y miles de nepaleses perderán progresivamente sus permisos de trabajo y estatus legal.
Según el fallo del caso NTPSA II v. Noem, los titulares de TPS de Nepal perderán su estatus de forma inmediata, mientras que los hondureños y nicaragüenses quedarán desprotegidos a partir del 8 de septiembre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concedió únicamente 60 días de plazo antes de que entren en vigor las órdenes de terminación.
El tribunal de distrito había pospuesto previamente la cancelación del programa, al menos hasta una audiencia prevista para el 18 de noviembre de 2025. En esa ocasión, la jueza Trina Thompson subrayó que los demandantes solo buscaban “la libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano”.
Los inmigrantes beneficiados por el TPS habían demandado al DHS, alegando que la administración actuó por “animosidad racial”.
En respuesta, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió que la medida busca “restaurar la integridad” del sistema migratorio: “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes reaccionaron con dureza al fallo. Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, lo calificó de parte de “una campaña coordinada” contra quienes no son ciudadanos estadounidenses, aunque advirtió que “no es el fin de esta lucha”.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA, lamentó que los demandantes “merecen algo mejor” de lo que decidieron los jueces.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señaló que el fin del TPS traerá “enormes dificultades” a decenas de miles de familias, incluidos más de 40.000 niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres son beneficiarios del programa.
La administración Trump ya ha avanzado en la eliminación del TPS para otras comunidades, incluidos unos 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos.