La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió este jueves 21 de agosto una alerta dirigida a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en propiedades en Nicaragua, luego de la aprobación de la polémica Ley de Territorio Fronterizo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el mensaje, la representación diplomática recordó que la normativa, aprobada el pasado 6 de agosto por la Asamblea Nacional, otorga al régimen el derecho a controlar toda la franja territorial de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras, un área equivalente al tamaño del estado de Massachusetts en Estados Unidos.
Esta disposición, advirtió, podría derivar en confiscaciones de propiedades y restricciones a la compra, venta o transferencia de bienes inmuebles.
“Los ciudadanos estadounidenses deben comprender los riesgos de invertir o comprar propiedades en Nicaragua. (…) Los derechos de propiedad son inestables y las leyes se aplican de forma arbitraria. El gobierno nicaragüense confisca regularmente propiedades privadas sin previo aviso ni el debido proceso”, señala el comunicado.
La Embajada instó a quienes ya han sido afectados por confiscaciones o restricciones a reportar sus casos a través del correo [email protected], para recopilar información que será incluida en reportes oficiales de Washington, como la Declaración sobre el Clima de Inversión y los informes anuales al Congreso sobre expropiaciones.
Una ley con fuerte impacto
La Ley de Territorio Fronterizo, aprobada de forma expedita sin consultas previas, establece que toda la zona fronteriza queda bajo resguardo del Ejército y declara esos territorios como propiedad del Estado. Con ello, se derogó la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que contemplaba un marco especial para garantizar soberanía y desarrollo sostenible en esas áreas.
Críticos de la medida advierten que esta normativa afectará tanto a propietarios privados como a comunidades locales, ya que no contempla mecanismos de compensación ni procesos de consulta previa.
Organizaciones de derechos humanos, movimientos políticos opositores y gobiernos de la región han señalado que se trata de una herramienta de confiscación masiva y de control político sobre amplias zonas del país.
La advertencia de la embajada estadounidense se suma a las crecientes preocupaciones internacionales sobre la inseguridad jurídica en Nicaragua, en un contexto en el que el régimen Ortega-Murillo ha profundizado el control sobre el territorio y restringido las libertades políticas y económicas.