La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió el jueves en audiencia a Jorge Torres Carrillo, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), para que rindiera un informe sobre el protocolo aplicado en relación con las denuncias de persecución realizadas por el exmilitar y analista político nicaragüense Roberto Samcam, asesinado en su vivienda en Moravia el pasado 19 de junio.
El caso Samcam
Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, residía en Costa Rica desde 2018, cuando ingresó al país huyendo de la persecución política tras la represión de las protestas de abril.
Se le otorgó la condición de refugiado político y desde entonces se convirtió en una voz activa de denuncia contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
El 19 de junio de 2025, Samcam fue asesinado en lo que las autoridades investigan como un posible sicariato político.
Según los reportes, un hombre ingresó a su condominio haciéndose pasar por repartidor y lo ejecutó con al menos ocho disparos. Su crimen se suma a los de otros opositores nicaragüenses en Costa Rica, como Rodolfo Rojas en 2022 y Jaime Luis Ortega en 2024.
La comparecencia de Jorge Torres
Durante su intervención, Torres aclaró que la DIS no cuenta con un protocolo específico para atender denuncias de refugiados políticos ni para dar protección directa a personas exiliadas.
“Nosotros no recibimos denuncias en primera instancia. Cuando tenemos alguna información, lo que hacemos es trasladarla al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), porque la ley así lo dicta”, afirmó.
Torres explicó que la institución se rige bajo la Ley 7410 y que sus funciones se limitan a analizar, investigar y comunicar riesgos a las autoridades judiciales o al Poder Ejecutivo.
“No tenemos la atribución de brindar seguridad física ni de garantizar protección personalizada”, agregó, al tiempo que reconoció que más del 85% del presupuesto de la DIS se destina a planilla y el resto a operatividad.
Choque con los diputados ticos
Las declaraciones del director generaron fuertes críticas entre los legisladores costarricenses.
La diputada Cinthia Córdoba cuestionó directamente: “Lo que estoy entendiendo, don Jorge, es que no existe ningún protocolo. ¿Sí o no?”. A lo que Torres respondió: “No, señora, no tenemos ningún protocolo”.
Córdoba añadió que las respuestas del funcionario mostraban falta de claridad sobre las funciones de la DIS: “Me parece que usted tampoco conoce a fondo ni siquiera las funciones que tiene a cargo. Eso es preocupante, porque no solo está en juego la seguridad de los refugiados, sino también la de los costarricenses”.
La presidenta de la comisión, Monserrat Ruiz, también expresó su inconformidad: “Aquí queremos transparencia. No estamos en la comisión de seguridad y narcotráfico. No podemos aceptar que el reglamento interno de la DIS sea utilizado como excusa para no dar información clara”.
Por su parte, el diputado Antonio Ortega planteó la posibilidad de que agentes del régimen nicaragüense operen en Costa Rica a través de su embajada.
“Existen denuncias serias de que aquí actúan células de inteligencia de Ortega para perseguir a exiliados. ¿Usted descarta totalmente esa posibilidad?”, preguntó.
Torres respondió que no existen pruebas concretas: “Nunca hemos identificado grupos de inteligencia extranjeros operando en el país. Yo no puedo decirle a brazo alzado que fue el régimen que lo mató porque no tengo pruebas”.
Crímenes políticos bajo la lupa
El caso de Samcam se suma a una lista creciente de opositores nicaragüenses asesinados o atacados en Costa Rica desde 2021. Además de Samcam, los diputados mencionaron a Rodolfo Rojas, opositor asesinado en Honduras tras salir de Costa Rica, y a Jaime Luis Ortega, muerto en 2024 en Paraíso de Cartago.
“Estamos viendo un patrón que no puede ignorarse”, advirtió el diputado Ortega, pidiendo mayor seriedad a las autoridades de inteligencia.
“Aquí nadie está pidiendo seguridad personalizada. Lo que estamos pidiendo es que desde el organismo y desde el propio gobierno se tengan respuestas más serias”, recalcó.
Debate sobre el futuro de la DIS
Las críticas llegaron al punto en que la diputada Córdoba anunció que apoya un proyecto de ley para eliminar la DIS y redistribuir sus recursos a otras instancias de seguridad pública.
“Lo que hemos escuchado hoy solo genera dudas. No hay claridad, no hay protocolos y parece que la institución no cumple con las necesidades reales del país”, sostuvo.
Torres defendió el trabajo de la entidad: “Es una falta de respeto para mí que represento a toda esa cantidad de funcionarios, que me diga que estamos haciendo trabajos personales para el Presidente (Rodrigo Chaves). Yo tengo muchos años, inicié con el gobierno de Óscar Arias de ahí en adelante y nunca he tenido esto”.
Un caso abierto
Mientras tanto, el asesinato de Roberto Samcam sigue bajo investigación del OIJ. El crimen ha reavivado las alarmas sobre la seguridad de los miles de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y la capacidad del Estado costarricense para protegerlos frente a amenazas transnacionales.