La persecución religiosa en Nicaragua fue uno de los ejes centrales del simposio internacional “Fe Bajo Fuego – Libertad Religiosa y Resistencia en Cuba y Nicaragua”, celebrado este miércoles en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).
El evento fue coorganizado por Outreach Aid to the Americas (OAA), el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) y el Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green (LACC).
Durante su intervención, el abogado nicaragüense Yader Valdivia, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, expuso que desde abril de 2018, tras el inicio de las protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las iglesias, en particular la católica, se convirtieron en blanco de la represión estatal.
Su papel de mediadores en el fallido diálogo nacional, de denuncia de abusos y de refugio a manifestantes heridos los colocó en la mira del régimen, que los percibió como una amenaza directa a su permanencia en el poder.
Restricciones y confiscaciones
Valdivia señaló que el régimen implementó una política de Estado para restringir la libertad religiosa, valiéndose de mecanismos judiciales y legislativos como instrumentos de represión.
En ese sentido, mencionó que entre 2018 y 2025, el régimen cerró 5,609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1,294 eran religiosas, incluyendo iglesias, universidades, colegios, centros de formación, organizaciones humanitarias y clínicas.
Asimismo, el Instituto de Telecomunicaciones (TELCOR) clausuró 54 medios de comunicación, de los cuales 22 eran de carácter religioso, entre canales de televisión y radios católicas o evangélicas.
Hostilidad contra la Iglesia Católica y el Vaticano
El expositor recordó que desde la expulsión del nuncio apostólico, Monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, en marzo de 2022, las relaciones entre la dictadura en Nicaragua y el Vaticano se deterioraron drásticamente.
Esta tensión se profundizó en febrero de 2025, cuando la Cancillería nicaragüense reaccionó con dureza a una entrevista concedida por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al canal católico EWTN Noticias.
La hostilidad se reflejó también en ataques mediáticos: el medio oficialista El 19 Digital publicó un artículo con burlas y descalificaciones contra Álvarez, tildándolo de “divo”, “pavo real” y “tirano con sotana”.
Agresiones y destierros
Según datos recopilados por el Colectivo, al menos 261 líderes religiosos han sido desterrados desde 2018 como parte de estas medidas represivas.
Entre las víctimas más recientes se encuentran pastores evangélicos, como el caso del pastor Rudy Palacios, actualmente detenido.
Valdivia denunció además que las reformas constitucionales impulsadas entre 2023 y 2025 no han fortalecido el derecho a la libertad religiosa, sino que lo condicionan con restricciones ambiguas como el “orden público” y los “principios fundamentales”.
“La política del régimen Ortega-Murillo ha convertido la libertad religiosa en un campo de control político, instrumentalizando leyes, reformas constitucionales y el aparato judicial para cancelar asociaciones, confiscar bienes, cerrar medios de comunicación y desterrar líderes religiosos. Este patrón demuestra un uso sistemático del poder estatal para eliminar la independencia de las iglesias y limitar su rol social y espiritual en la vida pública del país”, concluyó el defensor de derechos humanos.