Organismos defensores de los derechos humanos y de oposición denunciaron este miércoles el encarcelamiento de núcleos familiares enteros por ser disidentes o críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El régimen Ortega-Murillo ya no solo encarcela a opositores: ahora apresa a núcleos familiares enteros”, alertaron los organismos Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, en un informe.
Según esos organismos, en las últimas redadas al menos cuatro familias han sido detenidas, incluida la del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, un antiguo asesor de Ortega, quien fue acusado por la Procuraduría General de Justicia de supuesto lavado de dinero y le canceló la concesión de una planta de generación de energía geotérmica de la que era directivo.
La Procuraduría acusó a Baltodano Cantarero, así como a su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, de crear “20 sociedades de papel” para supuestamente lavar dinero y evadir impuestos.
Otra familia detenida es la del coronel en retiro Carlos Brenes, quien fue aprehendido junto a su esposa, Salvadora, el 15 de agosto de 2025 en una finca en el municipio de Jinotepe, en una redada que “se realizó sin orden judicial y sin brindar información a sus familiares”, según las organizaciones.
También la del pastor evangélico Rudy Palacios, quien fue detenido junto a sus hermanas, dos cuñados y allegados, y trasladados a la prisión La Granja en la ciudad colonial de Granada, donde enfrentan acusaciones de “traición y conspiración” sin garantías judiciales.
Otra familia detenida es la de Alonso Estrada, cuyo padre, Mauricio Alonso, de 64 años, murió tras pasar 38 días en condición de desaparición forzada hasta que su cuerpo fue entregado el 25 de agosto de 2025 a sus familiares.
Su hijo, del mismo nombre, continúa desaparecido, según el informe.
“El régimen Ortega-Murillo convierte el encarcelamiento en un castigo colectivo”, señalaron esas organizaciones, que advirtieron de que “muchas detenciones ni siquiera se denuncian públicamente, porque las familias temen represalias”.
Esos organismos exigieron la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, que suman al menos 73, y el fin de las desapariciones forzadas en Nicaragua.