Autoridades de San Carlos (Costa Rica) denunciaron la llegada masiva de güiriseros nicaragüenses a la zona de Crucitas, en el distrito de Cutris, luego de que el régimen de Daniel Ortega otorgara nuevas concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal S.A. en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
La Municipalidad de San Carlos alertó sobre un incremento en el ingreso irregular de mineros artesanales hacia territorio costarricense, especialmente tras la reciente entrega de tres concesiones en la Reserva Biológica Indio Maíz, un área de alta biodiversidad ubicada a escasos kilómetros de Crucitas.
Pobladores de la zona norte costarricense aseguran que la cercanía del río San Juan estaría facilitando el ingreso de los güiriseros a suelo tico.
El alcalde y regidores del cantón expresaron su preocupación por el impacto ambiental, social y de seguridad que representa el aumento de la minería irregular en Crucitas.
En conjunto con el diputado costarricense Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), solicitaron al Gobierno declarar estado de emergencia en los distritos de Cutris y Pocosol.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves calificó la moción como “un absurdo”.
Pese a la negativa del Ejecutivo, la Fuerza Pública de Costa Rica ha reforzado la presencia policial en la frontera norte para contener la situación.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó la detención de varios güiriseros en los últimos días, aunque reconoció que los recursos disponibles no son suficientes frente al aumento de personas dedicadas a la extracción ilegal de oro.
Concesiones masivas en Nicaragua
En agosto pasado, el régimen Ortega-Murillo otorgó 108.464,3 hectáreas de concesiones a Thomas Metal S.A. en el departamento de Río San Juan, un área equivalente a 1.084,6 kilómetros cuadrados. Esa superficie supera la extensión de países insulares como Singapur (71.990 hectáreas) o Santa Lucía (62.000).
Según la ONG ambientalista Fundación del Río, las concesiones abarcan territorios indígenas Rama y Kriol, además de zonas núcleo de la Reserva Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
La organización denunció que esta decisión viola la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas de Nicaragua y, de facto, legaliza la minería dentro de áreas protegidas donde ya se había documentado la presencia de minería artesanal ilegal.