La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de cinco personas presas políticas, detenidas en Jinotepe, Nicaragua, al considerar que se encuentran en “riesgo de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal”.
Los beneficiarios son los evangélicos Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jéssica María Palacios Vargas y el pastor Rudy Antonio Palacios Vargas, quienes fueron arrestados en sus domicilios el pasado 17 de julio en Jinotepe, Carazo, por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP).
Según la solicitud presentada ante la CIDH, las capturas fueron represalia por “su pertenencia a una familia opositora” y crítica del régimen orteguista.
Sin embargo, medios locales señalan que Jéssica Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas fueron exconcejalas del Frente Sandinista.
Desde entonces, sus allegados afirman no tener información sobre su paradero o condiciones de detención. Han acudido a diferentes centros penitenciarios y oficinas policiales sin obtener respuesta.
En su resolución, la CIDH subraya que las familias no saben si las personas han sido acusadas de algún delito, si su detención fue objeto de control judicial, ni si cuentan con acceso a abogados o atención médica.
“La falta de información sobre su ubicación y condiciones agrava el riesgo en que se encuentran”, advirtió el organismo.
Por ello, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que “determine la situación y paradero de los detenidos; indique formalmente si enfrentan cargos o procesos judiciales; aclare las circunstancias de sus detenciones y garantice acceso a sus familiares y defensores; e informe sobre las acciones emprendidas para investigar los hechos y evitar su repetición”.
Las detenciones de los evangélicos jinotepinos ocurrieron con la intensificación de la represión en vísperas del 19 de julio, fecha en la que el régimen celebra el aniversario de la Revolución Sandinista.