El abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal en Derechos Humanos (CALIDH), denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó la transmisión de enfermedades de transmisión sexual como un método de tortura contra presos políticos, particularmente contra personas LGBT privadas de libertad.
Ramírez-Ayérdiz reveló a La Mesa Redonda que, CALIDH mantiene activos múltiples casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios de ellos ya en etapa principal, que documentan patrones de violencia diferenciados.
“Las personas LGBT son sometidas a violación sexual por parte de los policías y los contagios de enfermedades por parte de esas violaciones o producto de esas violaciones sexuales”, declaró el abogado.
Entre estos casos, subrayó uno en el que una persona LGBT fue sometida a violación sexual en prisión, lo que derivó en el contagio de una enfermedad de transmisión sexual detectada tras tres años de encierro.
“Creemos que hay un perfil específico pensado para cada preso político, para ejercer un tormento específico. Una persona LGBT sufrió este tipo de violación y cuando esta persona fue liberada se dio cuenta que tenía una enfermedad de transmisión sexual después de estar detenida por tres años”, relató.
El abogado señaló que la represión incluyó la existencia de centros clandestinos de detención y casas intermedias utilizadas para torturas.
Asimismo, destacó que la violencia contra los presos no fue uniforme, sino que el régimen perfiló castigos distintos.
“Se vivieron formas específicas de tormento que muestran una crueldad mucho más pensada y diseñada”, aseguró.
Otros casos en trámite
Ramírez-Ayérdiz agregó que los casos en trámite —que incluyen estudiantes, médicos despedidos durante la pandemia, sindicalistas reprimidos, líderes estudiantiles, académicos y familias enteras perseguidas— avanzan con la expectativa de ser enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El 90% de los casos que nosotros tenemos ante la Comisión están pasando ya a la etapa principal. Tenemos mucha esperanza sobre varios casos paradigmáticos que están ante la Comisión, para que si la Comisión decide enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.
Agregó que cuando estos casos lleguen a la Corte IDH, “quedará al desnudo la profundidad de la crueldad ejercida por la dictadura”.
“Me voy a referir al caso del señor Fanor Alejandro Ramos, a quien la dictadura ejerció una de las formas de tortura más brutales de los presos políticos y todo el antecedente de persecución política que tiene él. Este caso tiene que ver con cómo el Estado atacó frontalmente a una familia completa”, aseveró.
“Es un paso fundamental para evidenciar las atrocidades y la violencia diferenciada que sufrieron los presos políticos”, advirtió.
Responsabilidades penales y enriquecimiento ilícito de la cúpula orteguista
El abogado también subrayó que, además de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los presos políticos, existen otros niveles de responsabilidad que deben ser investigados a fondo.
En ese sentido, señaló que no solo quienes ejecutaron torturas o detenciones arbitrarias son responsables, sino también aquellos que, conociendo estos delitos, no hicieron nada para detenerlos.
“Hay que tener en cuenta que hay diversos grados de participación en un delito y el hecho de saber de ellos y no hacer nada también puede generar alguna responsabilidad penal. No sabemos todavía de manera específica si ellos (familiares de los Ortega-Murillo) tienen participación directa, por eso es necesario esperar a una Comisión de la Verdad que reciba denuncias y testimonios que ayuden a construir los patrones de represión a través de la voz de las víctimas”, indicó.
Ramírez-Ayérdiz apuntó directamente a los hijos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señaló de enriquecimiento ilícito y del uso de fondos estatales en un país que sigue siendo pobre.
“Ellos dilapidan los fondos del Estado, de este Estado que es pobre, que sigue siendo pobre. Entonces, todo ese dinero que ellos, sin ningún tipo de reparo moral, ellos lucen, ellos ya tienen una responsabilidad criminal clara”, denunció.
Según el abogado, si se logra demostrar que ese enriquecimiento ilícito estuvo vinculado a confiscaciones a perseguidos políticos, entonces los hijos del matrimonio tendrían un vínculo directo con crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, recordó que los crímenes de lesa humanidad no solo alcanzan a quienes perpetraron directamente violaciones y torturas en un contexto de represión sistemática, sino también a quienes se beneficiaron de ese entorno de impunidad para ejercer otras formas de violencia o enriquecimiento ilícito.
“Si se logra determinar que ese enriquecimiento ilícito fue producto, por ejemplo, de confiscaciones a personas perseguidas políticas, pues van a tener algún vínculo con los crímenes de lesa humanidad”, concluyó.