El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta cómo la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo obstaculiza la cooperación de la sociedad civil nicaragüense con mecanismos internacionales.
El documento, que abarca el período de mayo de 2024 a abril de 2025, detalla casos de intimidación, confiscación de bienes, pérdida de nacionalidad y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y campesinos.
Clima de miedo y autocensura
El informe revela que al menos 62 personas rechazaron brindar información a la ONU —incluso bajo condiciones de anonimato— por temor a represalias contra ellas o sus familias.
Entre los afectados figuran periodistas, exfuncionarios, líderes indígenas y campesinos, así como integrantes de partidos políticos ilegalizados.
Además, las reformas al Código Penal y la ley de ciberdelitos han ampliado la criminalización de la disidencia, incluyendo publicaciones realizadas desde el extranjero, lo que ha creado un clima de mayor autocensura y miedo.
Disolución masiva de organizaciones civiles
La ONU advierte que desde 2018 han sido clausuradas más de 5.400 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, casi 1.900 de ellas solo en el último año.
Estas medidas, acompañadas de nuevas enmiendas legales que obligan a las OSC a operar bajo “alianzas” con instituciones estatales, refuerzan el control estatal y limitan la independencia de la sociedad civil.
Informe destaca casos de nicaragüenses
Gonzalo Carrión: despojado de nacionalidad y bienes
El abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, exdirector jurídico del CENIDH y fundador del colectivo Nicaragua Nunca Más, fue despojado de su nacionalidad en 2023 junto a otras 93 personas.
En marzo de 2025, su vivienda fue entregada a otra familia sin su consentimiento, completando el proceso de confiscación.
Ana Quirós: despojada de identidad y propiedades
La feminista y defensora de derechos humanos Ana Quirós sufrió la cancelación de su registro civil, lo que la dejó sin acceso a documentos oficiales y a su pensión.
Entre 2024 y 2025, también fueron confiscadas sus propiedades en Managua y fue víctima de campañas de difamación que la acusaban de recibir fondos extranjeros para “derrocar al gobierno”.
Francisca Ramírez: persecución al liderazgo campesino
La líder campesina Francisca “Doña Chica” Ramírez, exiliada en Costa Rica desde 2018, fue despojada de su nacionalidad en 2023.
Entre marzo y mayo de 2025, las autoridades confiscaron cinco de sus propiedades, elevando a seis el total de bienes arrebatados.
Braulio Abarca: hostigado dentro y fuera del país
El defensor de derechos humanos Braulio Abarca, residente en Costa Rica, fue seguido en varias ocasiones por motociclistas sin matrícula en 2024.
En paralelo, sus familiares en Nicaragua fueron vigilados por la policía y hostigados en sus residencias, según documenta la ONU.
Félix Maradiaga: persecución extendida a su familia
El exprecandidato presidencial y académico Félix Maradiaga continúa siendo blanco de represalias a pesar de su deportación forzada a Estados Unidos en 2023.
Según el informe, al menos 15 de sus familiares fueron hostigados, detenidos brevemente o privados de documentos oficiales entre 2022 y 2024. Su vivienda familiar en Jinotega fue confiscada en septiembre de 2024, mientras medios oficialistas intensificaban campañas de difamación en su contra.
Brooklyn Rivera y su hija Tininiska: caso indígena en la mira
El líder indígena Brooklyn Rivera, diputado por YATAMA, fue detenido arbitrariamente en 2023 tras participar en foros de la ONU y desde entonces permanece incomunicado.
Su hija, Tininiska Rivera, sufrió acoso, intentos de hackeo y amenazas por exigir pruebas de vida y denunciar el caso ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ataques a la CPDH
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), disuelta en 2022, trasladó parte de sus operaciones al exilio, pero su personal en Nicaragua ha seguido siendo vigilado, amenazado y hostigado.
Según la ONU, en abril de 2025 grupos paramilitares visitaron los hogares de sus miembros, advirtiéndoles que podrían ser despojados de su nacionalidad y bienes si continuaban con actividades de derechos humanos.
Nicaragua aislada del sistema multilateral
El informe concluye señalando que la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, la FAO, la OIT y la OIM ha debilitado gravemente la capacidad de la sociedad civil para cooperar con organismos internacionales.
Naciones Unidas urge al régimen Ortega-Murillo a poner fin a las represalias y restituir las libertades fundamentales de la ciudadanía.