El programa La Mesa Redonda, dirigido por el periodista nicaragüense en el exilio Sergio Marín Cornavaca, analizó la posición del gobierno de Costa Rica frente al asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en territorio costarricense el 19 de junio de 2025.
La edición contó con la participación de Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, medio que recientemente presentó en Washington D.C. el documental Terror sin Fronteras, una investigación sobre la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo.
El silencio del Ejecutivo costarricense
El programa destacó la ausencia de pronunciamiento del presidente Rodrigo Chávez sobre el crimen de Samcam, lo que ha generado preocupación entre la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica.
Toruño calificó este silencio como “una falta de sensibilidad” y recalcó que, hasta la fecha, ni el mandatario ni su gabinete han expresado públicamente condolencias a la familia de Samcam.
“Yo debí esperar, al menos, que el presidente Chávez expresara sus condolencias a la familia de Roberto Samcam. Ese silencio afecta no solo a una familia, sino a la nación entera y a la imagen país hacia afuera”, expresó Aníbal Toruño.
Documental genera reacción diplomática
El documental Terror sin Fronteras —producido por Darío Medios Internacional y VOX— recoge testimonios de autoridades costarricenses como la expresidenta Laura Chinchilla y exfuncionarios de seguridad, quienes señalan que el crimen de Samcam fue un asesinato político ordenado desde Managua.
La pieza audiovisual provocó la reacción de la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Alejandra Solano, quien en nombre del canciller Arnoldo André Tinoco reconoció la gravedad de las denuncias, aunque defendió la actuación “con debida diligencia” de las instituciones judiciales costarricenses.
Un caso que desnuda la represión transnacional
Durante el espacio, Marín y Toruño advirtieron que el asesinato de Samcam confirma la política sistemática de persecución contra opositores nicaragüenses más allá de las fronteras.
Según ambos periodistas, el crimen revela los “tentáculos largos de la dictadura” y obliga a repensar los protocolos de seguridad de los exiliados en Costa Rica.
“Es cuestión de tiempo para que cualquiera de nosotros, periodistas o activistas, seamos blanco de la misma violencia. Ya vivimos con protocolos de seguridad en un país democrático, y eso debería alarmar al Ejecutivo costarricense”, advirtió Toruño.
La responsabilidad pendiente
El programa recordó que medios costarricenses como La Nación han instado al Ejecutivo a pronunciarse y asumir un rol activo en la defensa de los refugiados.
No obstante, la respuesta oficial sigue siendo diplomática y distante, mientras los exiliados denuncian amenazas, vigilancia y hostigamiento provenientes de agentes vinculados al régimen Ortega-Murillo.