La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Mauricio Alonso Pietri y Carlos Cárdenas Zepeda, dos opositores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que permanecían detenidos arbitrariamente en Nicaragua.
Ambos eran adultos mayores y murieron bajo custodia estatal en circunstancias aún no esclarecidas.
El 29 de agosto, la CIDH recibió información sobre el fallecimiento de Carlos Cárdenas, de 68 años, arrestado el 18 de julio en represalia por su labor como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el Diálogo Nacional de 2018.
Días antes, el 25 de agosto, se reportó la muerte de Mauricio Alonso Pietri, de 64 años, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en Carazo, también detenido en esa misma jornada de redadas.
En ambos casos, los familiares denunciaron que desconocían el paradero y estado de salud de los detenidos y solo supieron de su muerte al momento de la entrega de los cuerpos.
Además, aseguraron que fueron intimidados y obligados a enterrar a las víctimas de forma inmediata, sin posibilidad de velatorios conforme a sus creencias.
La CIDH alertó que estas muertes ocurren en un contexto de intensificación de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, que incluyen procesos judiciales sin garantías, falta de información sobre paraderos y ocultamiento de expedientes.
El organismo regional recordó que las condiciones de reclusión en Nicaragua han sido ampliamente denunciadas y, en muchos casos, constituyen trato cruel y tortura, con impacto particular en personas mayores y grupos vulnerables.
Estas prácticas, señaló, buscan generar miedo, autocensura e intimidar a organizaciones en el exilio.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 72 personas permanecen privadas de libertad en Nicaragua, de las cuales se desconoce el paradero y condición de 33.
Entre ellas, 14 cuentan con medidas cautelares de la CIDH y 12 con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH reiteró que el Estado nicaragüense tiene la obligación jurídica de garantizar la vida e integridad de todas las personas bajo su custodia, investigar de oficio las muertes ocurridas en prisión y sancionar a los responsables.
Asimismo, instó a la liberación inmediata de todos los presos políticos y a que se permita verificar su estado de salud, con acceso a familiares y abogados de confianza.