El Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó nuevamente a Nicaragua en el Nivel 3 de su Informe sobre la Trata de Personas 2025, la categoría más baja, que se aplica a Estados que no cumplen con los estándares mínimos y que tampoco hacen esfuerzos significativos para combatir este delito.
Según el reporte, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo minimiza la gravedad de la trata de personas, no reconoce víctimas y no ha procesado ni condenado a tratantes en el último año.
Además, aprobó reformas que disolvieron la coalición interinstitucional contra la trata, eliminaron el fondo destinado a la protección de víctimas y excluyeron la coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
El documento advierte que los servicios de atención en Nicaragua son inexistentes o insuficientes, en un contexto donde las víctimas –en especial mujeres, niños, comunidades indígenas y personas LGBTIQ+– enfrentan mayor vulnerabilidad, sobre todo en las regiones autónomas del Caribe.
También denuncia la corrupción y complicidad oficial en estos crímenes, lo que contribuye a un ambiente de impunidad.
El informe describe que los tratantes explotan a nicaragüenses dentro y fuera del país, particularmente en Costa Rica, Panamá, España y Estados Unidos, mediante explotación sexual, trabajo forzado en agricultura, construcción, minería y servicio doméstico.
En el Caribe nicaragüense, la pobreza y la falta de presencia estatal han dejado a comunidades enteras expuestas a redes de trata.
Estados Unidos recomendó a Nicaragua:
- Autorizar el trabajo de las ONG sin represalias.
- Identificar y proteger a las víctimas, evitando su criminalización.
- Procesar y sancionar a los tratantes y funcionarios cómplices.
- Asignar fondos y servicios especializados para la atención de víctimas.
- Reforzar la acción en el Caribe, donde los riesgos son mayores.
El informe concluye que la ausencia de políticas reales y la represión contra la sociedad civil convierten a Nicaragua en un país sin garantías frente a la trata de personas, mientras las víctimas permanecen invisibles y desprotegidas.