Un grupo de organizaciones de exiliados, ex presas políticas y defensores de derechos humanos entregó este martes una carta al Tribunal Penal de San José, Costa Rica, en la que exigen que no se extradite a Pedro Javier Fernández Sandoval, a quien califican como un perseguido político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la misiva, los firmantes denuncian que el proceso judicial contra Fernández es parte de una estrategia de represión transnacional, mediante la cual la dictadura nicaragüense utiliza mecanismos judiciales y alertas de Interpol para perseguir a críticos en el exilio.
“Pedro es inocente. Su caso refleja la manipulación perversa del sistema judicial por parte del régimen Ortega-Murillo. En Costa Rica no puede haber complicidad con la represión”, señalaron los exiliados.
Los denunciantes recordaron el precedente del opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado desde Costa Rica en 2024 y actualmente desaparecido tras ser recluido en la celda conocida como “La 300”.
Advirtieron que Fernández corre el mismo riesgo de tortura, desaparición forzada y prisión arbitraria si es devuelto a Nicaragua.
La carta subraya que el Estado costarricense está obligado a respetar el principio internacional de no devolución (non-refoulement), establecido en convenios como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención contra la Tortura y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fernández, residente en Costa Rica y padre de cuatro hijas, ha trabajado como jardinero en instituciones estatales costarricenses.
La dictadura nicaragüense lo vincula a hechos ocurridos en Nicaragua en 2022, período en el cual, según sus defensores, se encontraba laborando en territorio costarricense.
“Su extradición no solo pondría en riesgo su vida, sino que sentaría un grave precedente de complicidad con el aparato represivo del régimen Ortega-Murillo”, concluye la carta.