Expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU instaron este viernes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a “esclarecer la suerte y el paradero de más de 120 personas víctimas de desaparición forzada”, incluidas aquellas detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos iniciada en 2018.
Entre los casos documentados figuran líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, mujeres, personas mayores, opositores políticos y ciudadanos sin afiliación partidaria, señalados como disidentes por el régimen.
“Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato”, advirtieron los expertos, quienes denunciaron que estas prácticas “parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad” con el objetivo de infundir temor en la sociedad y sofocar cualquier expresión disidente.
El pronunciamiento hace eco de los hallazgos del Grupo de Expertos Independientes sobre Nicaragua (GHREN), que en abril de 2025 señaló al régimen Ortega-Murillo como el núcleo de la maquinaria represiva, operada a través de asesores que ejecutan órdenes directas en todo el aparato estatal.
Los expertos lamentaron que el régimen nicaragüense no haya respondido a los casos remitidos desde 2018 ni coopere con el mecanismo internacional, pese a las solicitudes reiteradas.
“Solo mediante una cooperación plena y efectiva podrá determinarse la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente e informar a sus familias”, indicaron.
Según el Grupo de Trabajo, más de 120 personas continúan desaparecidas, aunque el número real podría ser mayor debido al miedo a represalias que impide a muchas familias denunciar.
Los especialistas también recordaron que el crimen de desaparición forzada implica la responsabilidad de toda la cadena de mando, incluidos jueces y funcionarios judiciales que validan detenciones arbitrarias, traslados y encarcelamientos.
“Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses a que pongan fin a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente y que garanticen que sus familias conozcan su suerte y paradero. El sufrimiento de los detenidos y sus familias debe terminar”, subrayaron.
El Grupo de Trabajo reiteró su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica a Nicaragua para esclarecer estos casos.
El grupo de expertos es presidido por Gabriella Citroni (Italia), y lo completan Grazyna Baranowska (Polonia), Aua Baldé (Guinea Bissau), Ana Lorena Delgadillo (México) y Mohammed Al-Obaidi (Irak).