En Nicaragua no hay protestas en las calles ni en las redes sociales. El silencio es total. Quien se atreve a manifestarse es detenido y encarcelado. Así lo afirmó la investigadora y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), Elvira Cuadra, durante el conversatorio “La política y la calle en Centroamérica: conflictos, violencias y movilización social”, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Para entender cómo el país llegó a este punto, Cuadra propuso una mirada retrospectiva: el origen se remonta a 1990, cuando Nicaragua transitó de la revolución sandinista a la democracia liberal.
Ese proceso, dijo, instaló un sistema de entendimientos entre élites políticas y económicas, que se desarrollaba en espacios cerrados y excluía a la mayoría de la población, generando una “corriente subterránea de descontento” que se intensificó entre 2007 y 2018.
Ese descontento explotó en abril de 2018, liderado por jóvenes universitarios que desafiaron la narrativa oficial que los presentaba como indiferentes.
“Vimos a una juventud completamente movilizada, dispuesta a actuar por causas sociales y políticas, incluso a costa de su propia vida”, recordó la socióloga, exiliada desde 2018 y despojada de su nacionalidad en 2023.
La respuesta del régimen, añadió, fue demoledora. El sistema de vigilancia y control “comenzó a funcionar en toda su plenitud, utilizando violencia letal al más alto nivel”.
Entre 2018 y 2019, mediante prohibiciones, persecución y encarcelamiento masivo, se eliminó por completo cualquier forma de movilización.
Cuadra resaltó además el papel de las redes de ciberactivistas, especialmente de mujeres, que alertaban sobre protestas, documentaban la violencia estatal y advertían sobre riesgos a manifestantes.
Autoritarismos en espejo
La socióloga advirtió que lo que ocurre en Nicaragua no es un caso aislado, sino parte de una tendencia regional.
“En el momento que estamos transitando ahora en Centroamérica, hay más similitudes que diferencias”, dijo, al identificar cinco patrones de nuevos autoritarismos:
Concentración de poder en figuras presidenciales que representan grupos económicos instalados en el Estado. En Nicaragua, ejemplificó, la familia Ortega Murillo se apropió de más de 3,500 millones de dólares de cooperación venezolana que nunca ingresaron al presupuesto nacional.
Subordinación de los poderes del Estado, siendo Nicaragua “el caso más crítico”, con un avance acelerado en El Salvador.
Corrupción estructural, presente en toda la región y vinculada al crimen organizado. Honduras, señaló, “es el caso más claro, pero no el único”.
Militarismo creciente, donde autoridades civiles usan a los ejércitos para sostener proyectos autoritarios, como el estado de excepción salvadoreño o las intervenciones militares en Guatemala y Honduras.
Anulación de derechos ciudadanos, con un aumento sostenido del exilio, la persecución y la violencia contra defensores de derechos humanos en los cuatro países del norte centroamericano.
Redes que resisten
A pesar de este panorama sombrío, Cuadra destacó la existencia de “un capital social fundamental”: actores emergentes que interpelan al poder, denuncian abusos y articulan resistencias.
Entre ellos, subrayó al movimiento feminista regional, cuyas redes de apoyo han sido esenciales para quienes han debido exiliarse, y a los defensores ambientales, que construyen alianzas transfronterizas.
“Las articulaciones están ahí, hay que promoverlas y fortalecerlas”, concluyó Cuadra, advirtiendo que el descontento continúa acumulándose bajo la superficie, incluso entre quienes alguna vez formaron parte de las estructuras de poder, mientras la región atraviesa un momento crítico de radicalización de la violencia.
En el conversatorio también participaron Luis Rubén González Márquez, investigador de la Universidad de Tulane, y Lucía Vijil Saide, investigadora del CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia).