El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, criticó el martes la represión sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y expresó su preocupación por los miles de nicaragüenses perseguidos políticos que viven en ese país.
El ministro, denunció ante diputados de la Asamblea Legislativa la “violación sistemática y grave de los derechos humanos” en Nicaragua, en alusión directa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque sin mencionarlos por nombre.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el canciller expresó preocupación por la situación de la población nicaragüense disidente y los perseguidos políticos que se encuentran en Costa Rica.
“Costa Rica no puede dejar de levantar su voz ante la violación sistemática y grave de los derechos humanos en suelo nicaragüense. Nos preocupa la condición de la población nicaragüense, nos preocupan los perseguidos políticos, nos impresiona que más de 400 perseguidos políticos fueron declarados apátridas, se les borró su certificado de nacimiento”, afirmó André.
El canciller recordó que “la mayoría de la prensa nicaragüense opera desde Costa Rica” y que la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales de ese país fueron disueltas por el régimen, obligando a algunas a reubicarse en territorio costarricense.
Estimó que en el país viven entre 650.000 y 750.000 nicaragüenses, muchos integrados a la economía nacional, aunque persisten unas 220.000 solicitudes de refugio pendientes desde 2018, “una carga que ahora se complica por la merma en los fondos internacionales para atender migraciones”.
André también abordó el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que describió como “formales y escasas”, con una buena coordinación técnica, pero “distancia en asuntos políticos”.
En ese contexto, mencionó el persistente diferendo por la designación del nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), responsabilidad que corresponde a Nicaragua, pero que no ha logrado consenso regional.