La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que Nicaragua representa uno de los casos más graves de persecución y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en el continente, con detenciones arbitrarias, leyes represivas, cancelación masiva de organizaciones y un “estado policial” que impide cualquier manifestación social.
La CIDH presentó su Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas 2025, en el que señala a Nicaragua como uno de los países donde las agresiones, la criminalización y la impunidad contra activistas han alcanzado niveles críticos.
El informe advierte que, desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un “patrón de criminalización y persecución” contra quienes defienden derechos humanos, mediante la aplicación de leyes que restringen libertades fundamentales y permiten procesar penalmente a opositores.
Entre ellas destacan la Ley 977 contra el lavado de activos, la Ley 1042 de ciberdelitos y la Ley 1055 de defensa de la soberanía, que incluye el delito de “traición a la patria”.
La CIDH documenta que el Estado nicaragüense ha cancelado la personería jurídica de 5.441 organizaciones civiles —de un total de 7.227 registradas— y ha obligado a decenas de defensores a exiliarse para continuar su labor desde el extranjero.
Estas medidas, según el organismo, constituyen “una de las formas más severas de restricción desproporcionada a la libertad de asociación” en la región.
Además, la CIDH identificó un patrón coordinado de desinformación y estigmatización hacia defensores de derechos humanos a través de “turbas digitales” o “granjas de trolls”, que difunden discursos de odio y acusan falsamente a activistas de cometer delitos.
“En Nicaragua, se ha identificado un patrón coordinado de desinformación y estigmatización hacia personas defensoras a través de ‘turbas digitales’ o ‘granjas de trolls’. La estigmatización también puede estar vinculada con el inicio de procesos penales a través de la emisión de discursos que las acusan de la comisión de un delito sin que necesariamente hayan sido judicialmente comprobados”, señala el informe.
La Comisión ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cinco medidas provisionales para proteger a defensores nicaragüenses en “situación de extrema gravedad y urgencia”.
El informe también detalla la situación de violencia extrema que enfrentan comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, víctimas de ataques de colonos armados con la aparente tolerancia o aquiescencia del Estado.
Estas comunidades padecen desplazamiento forzoso, asesinatos, secuestros y crisis alimentaria, en un contexto de total impunidad.
En sus conclusiones, la CIDH subraya que la impunidad y la falta de investigación estatal agravan el riesgo que enfrentan los defensores en Nicaragua y la región.
Reitera su llamado al régimen de Ortega-Murillo a derogar las leyes restrictivas, cesar la persecución y garantizar condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.