En una intervención cargada de ideología y negación, la representante del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Eleane Pichardo, descalificó ante la Asamblea General de la ONU el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documenta crímenes de lesa humanidad y un patrón sistemático de represión estatal desde 2018.
Pichardo calificó el trabajo del Grupo como un “panfleto de agresión” carente de legitimidad y sostuvo que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos son producto de una “manipulación política e imperialista” por parte de potencias occidentales.
Según Pichardo, el régimen en Nicaragua “jamás aceptará injerencias ni tutelajes coloniales disfrazados de preocupaciones por derechos humanos”.
El discurso de la funcionaria, plagado de referencias al “imperialismo” y al “doble rasero occidental”, buscó presentar al régimen como víctima de agresiones externas, en contraste con los miles de testimonios y documentos recogidos por la ONU que demuestran una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia, perseguir a la prensa, encarcelar a opositores y forzar al exilio a cientos de miles de personas.
Negación y confrontación con el sistema multilateral
La representante reiteró que Nicaragua “ya no forma parte del manipulado, obsoleto e injerencista Consejo de Derechos Humanos”, afirmación que refleja la estrategia de aislamiento internacional adoptada por el régimen para evadir el escrutinio de organismos independientes.
Sin embargo, la salida unilateral de un Estado de los mecanismos de la ONU no anula la obligación de rendir cuentas por violaciones graves a los derechos humanos ni impide el monitoreo internacional.
Pichardo también acusó a los países occidentales de cometer “crímenes de lesa humanidad” mediante sanciones económicas y medidas coercitivas, argumento recurrente del régimen para justificar la crisis económica y social que atraviesa el país.
La respuesta del Grupo de Expertos
En respuesta directa a las acusaciones de Pichardo, el presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, rechazó que el informe tenga motivaciones políticas y recordó que las conclusiones se basan en más de 1.900 entrevistas, 9.300 documentos y evidencias verificadas de fuentes independientes, y con el voto mayoritario de la mayoría de los estados miembros del Consejo de las Naciones Unidas.
Simon recordó que el régimen de Ortega y Murillo ha negado reiteradamente al GHREN el acceso al país, impidiendo la cooperación con organismos internacionales, lo que agrava la falta de transparencia y credibilidad oficial.
“Decir que esto tenga un sesgo o falta de legitimidad para nosotros es difícil entenderlo como argumento”, afirmó Simon.
Asimismo, subrayó que las sanciones impuestas por algunos Estados son selectivas y dirigidas a individuos responsables de violaciones, no al pueblo nicaragüense.
En su informe, los expertos denuncian crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, persecución a la Iglesia católica, cierre de medios de comunicación y represión transnacional contra exiliados en países como Costa Rica.