El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares, abogadas, abogados y redes de activistas, publicó su lista actualizada al 29 de octubre de 2025, en la que se confirma la existencia de 77 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
La actualización, que forma parte del monitoreo mensual, busca documentar y visibilizar la persecución política ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de represión sistemática y violaciones graves a los derechos humanos.
Subregistro y silencio forzado
Según el documento, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 150 detenciones arbitrarias vinculadas a motivos políticos, de las cuales 23 ingresaron a la lista oficial.
Sin embargo, más de 80 casos siguen sin confirmación por la falta de contacto con las familias afectadas, quienes enfrentan amenazas, vigilancia y hostigamiento policial por denunciar la situación.
El Mecanismo advierte que existe un alto subregistro de detenciones y violaciones de derechos humanos debido al clima de miedo generalizado, la autocensura y la represión estatal, utilizada como herramienta de control social.
Adultos mayores entre las víctimas
El informe muestra un perfil alarmante de las personas presas políticas. El 69% tiene entre 36 y 65 años, es decir, adultos en plena edad productiva.
Aún más grave, el 27% son personas mayores de 60 años, lo que agrava las condiciones humanitarias por la vulnerabilidad física y la falta de atención médica adecuada en prisión.
Entre los adultos mayores encarcelados destacan figuras históricas y líderes indígenas y políticos, como Nancy Elizabeth Henríquez James, Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagot Müller, Henry Ruiz Hernández y Carlos Ramón Brenes Sánchez, entre otros.
El informe subraya que mantener a personas de edad avanzada en condiciones de hacinamiento y sin atención médica constituye una violación flagrante de los principios humanitarios y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Desapariciones forzadas y violencia de género
Una de las secciones más preocupantes del informe se refiere a las personas desaparecidas, cuyos familiares llevan meses o incluso años sin conocer su paradero.
Las autoridades no brindan información oficial sobre su ubicación ni estado de salud, y en muchos casos amenazan a quienes buscan respuestas o presionan para que abandonen el país, provocando desplazamientos forzados.
El Mecanismo documenta que el 42% de las desapariciones se concentran en Carazo, el 17% en Managua y el 14% en Masaya, lo que revela una represión focalizada.
En total, se reportan 77 personas presas políticas, entre ellas 12 mujeres, de las cuales 9 permanecen desaparecidas, lo que equivale al 75% del total femenino.
Entre los 65 hombres detenidos, 27 están desaparecidos, representando el 42%.
El informe advierte que esta disparidad refleja una violencia política con sesgo de género, donde el Estado utiliza la desaparición forzada como mecanismo de castigo y control social hacia las mujeres opositoras.
“Un país donde preguntar es peligroso”
El Mecanismo denuncia que el régimen de Ortega y Murillo mantiene una política de terror contra las familias y defensores de derechos humanos, mediante amenazas, vigilancia y persecución.
“En Nicaragua, preguntar por un detenido político o buscar a una persona desaparecida se ha convertido en un acto de valentía que puede costar la libertad o el exilio”, señala el informe.
El documento finaliza recordando que la lista solo incluye casos autorizados por las familias, y exhorta a la ciudadanía a enviar información segura y verificada al correo [email protected], garantizando confidencialidad y protección de datos.