En una nueva edición de La Mesa Redonda, el periodista Sergio Marín Cornavaca conversó con el economista Enrique Sáenz sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que enfrentaría Nicaragua si Estados Unidos concreta la suspensión de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
La medida fue recomendada por la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR) tras documentar violaciones graves a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Un tratado clave para la economía nicaragüense
Sáenz explicó que el CAFTA-DR, vigente desde 2006, ha sido un pilar fundamental del crecimiento económico de Nicaragua. Gracias al tratado, las exportaciones hacia EE. UU. se quintuplicaron, pasando de 361 millones de dólares en 2006 a más de 1 600 millones en 2024.
Asimismo, el número de empresas en zonas francas se duplicó —de 99 a 190— y el empleo en ese sector creció de 77 000 a cerca de 140 000 trabajadores.
“El CAFTA permitió competitividad por precio frente a países como Colombia o Brasil, y consolidó miles de empleos en sectores como el café, azúcar, carne, tabaco y textiles”, explicó el economista durante la entrevista.
Los verdaderos beneficiarios y el modelo desigual
Sáenz subrayó que los beneficios del tratado no se concentraron únicamente en el régimen, sino también en grandes empresas exportadoras y el sector financiero, que obtuvieron “la tajada del león” mientras la mayoría de los trabajadores continuaron con salarios miserables.
“En el país con los salarios más bajos de Centroamérica, los banqueros registran las utilidades más altas de la región”, señaló el economista, evidenciando el carácter desigual del modelo económico impuesto por Ortega y Murillo.
Violaciones laborales: la cláusula que puede costarle el tratado
El analista recordó que una de las principales violaciones al CAFTA-DR es la falta de libertad sindical y derecho de asociación.
“En Nicaragua no existen sindicatos libres; lo que hay son grupos afines al régimen que medran del poder”, afirmó Sáenz.
Estas violaciones, sumadas al control total del Poder Judicial, sustentan la decisión del Departamento de Comercio de EE. UU. de considerar las prácticas del régimen como irrazonables y contrarias al tratado.
Consecuencias económicas y sociales
De aplicarse la suspensión, el impacto directo recaería sobre los más de 100.000 empleos en zonas francas, así como sobre productores de café, frijoles, queso y carne, quienes perderían acceso preferencial al mercado estadounidense.
Sáenz advirtió que, aunque el régimen intenta proyectar un giro hacia China, “los chinos no compran frijoles ni queso fresco; el mercado natural de estos productos es el de los nicaragüenses en el exterior”.
Además, recordó que las zonas francas representan una de las principales fuentes de divisas y estabilidad del Seguro Social, por lo que cualquier alteración tendría efectos en cadena sobre toda la economía.
La falta de estrategia opositora
Durante la conversación, Sáenz criticó la ausencia de una estrategia unificada entre los grupos opositores y la sociedad civil.
“Ortega tiene una estrategia. Nosotros no. Si no hay coordinación entre actores democráticos y presión internacional coherente, el régimen volverá a oxigenarse como ocurrió con el caso del Bancorp y la DNP”, advirtió.
El economista insistió en que las sanciones aisladas o sin seguimiento permiten al régimen reorganizarse y continuar operando bajo nuevas estructuras.
Un llamado a la acción
Sáenz enfatizó que cualquier consecuencia del CAFTA-DR será responsabilidad exclusiva del régimen Ortega-Murillo, pero llamó a los sectores democráticos a actuar con visión estratégica:
“El objetivo no es el CAFTA. El objetivo es salir de la dictadura. Y eso solo se logra si la población nicaragüense se informa, se organiza y respalda a quienes luchan por la libertad”, concluyó.