Doce médicos que están batallando legalmente para que el Ministerio de Salud (MINSA) los reintegre a sus puestos de trabajo, tras ser despedidos en junio pasado de hospitales públicos por pedir a las autoridades protección ante la pandemia de coronavirus y recomendar prevención a la población, denunciaron el lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que están siendo acosados durante los juicios laborales.
“El acoso a los médicos se da desde que nos hemos reunido en las audiencias sobre la demanda que interpusimos de reintegro laboral. Nos han puesto patrullas de antimotines en cada uno de los juicios, lo que es evidente que estos juicios tienen un fin político. Es una manera de represión a los médicos dignos que solo exigimos que nos dieran equipos de protección y se diera información clara en cuanto a la afectación de la pandemia”, dijo la anestesióloga Marianela Escoto.
El abogado Eugenio Membreño, asesor legal de la CPDH, subrayó que la Procuraduría orteguista también ejerce acoso en los juicios y que nueve de las doce demandas promovidas por los galenos están en etapa de sentencia.
“La presión que ejerce ahí la Procuraduría es fuerte, al extremo que le he pedido a la judicial que saque al procurador de la República porque no permite que uno haga su trabajo de defensa de los médicos”, manifestó el abogado.
“A estas alturas, los jueces ya saben lo que van a decir, que decidan el reintegro de los médicos para que la afectación de la pandemia sea menor en Nicaragua. Fue una locura despedir a médicos en tiempos de pandemia, por eso al Poder Judicial le exigimos el reintegro y así el Estado rectifique ese error”, agregó.
Membreño sostuvo que desde el pasado 29 de junio, cuando los médicos presentaron la demanda laboral con acción de reintegro, estos han sido objeto de acoso y asedio, aún dentro de las audiencias de juicio.
En mayo pasado, más de 700 médicos, entre los especialistas despedidos, firmaron un pronunciamiento en el que demandaron al régimen de Daniel Ortega la realización masiva de pruebas para detectar el COVID-19, tomar medidas para frenar el impacto de la pandemia y equipos de protección para los trabajadores de la Salud. La respuesta del régimen fue despedirlos como represalia.