El Colectivo Nicaragua Nunca Más presentó este lunes los hallazgos de su informe “Nicaragua más allá de la frontera”, en el que documenta 199 casos de persecución transnacional contra personas nicaragüenses desplazadas forzosamente entre 2019 y 2025.
Según la organización, Costa Rica se ha convertido en el epicentro de la represión extraterritorial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El exilio no detiene la persecución; se muta y continúa en el país de acogida”, afirmó Yader Valdivia, miembro del Colectivo, durante la conferencia de prensa virtual.
El informe, basado en testimonios de víctimas, revela un patrón sistemático de amenazas, vigilancia, hostigamiento a familiares, destierros y despojos de nacionalidad.
Una política de Estado más allá de las fronteras
El informe concluye que las acciones “repetidas, dirigidas y coordinadas” contra personas exiliadas constituyen una política de represión transnacional que combina formas de violencia física, psicológica, digital, simbólica y documental.
Según el Colectivo, esta política se sostiene en la impunidad extraterritorial, pues los Estados de acogida carecen de mecanismos eficaces para investigar o sancionar ataques que se originan fuera de sus fronteras.
“El exilio se convierte en un nuevo campo de riesgo y persecución. Las personas desplazadas no solo fueron víctimas en el pasado, sino que siguen siendo objetivos de violencia activa”, advirtió Valdivia.
Ocho modalidades de persecución
El informe identifica ocho categorías de represión en el exilio:
- Amenazas y hostigamientos mediante mensajes, llamadas o redes sociales, incluso con imágenes de familiares y armas.
- Hostigamiento a familiares en Nicaragua como extensión del castigo.
- Impedimento de ingreso o negación de retorno a su país de origen.
- Vigilancia transfronteriza y presencia de redes vinculadas al régimen en países como Costa Rica y Estados Unidos.
- Despojo de nacionalidad y “patria de facto”, con negación de servicios consulares y eliminación de registros oficiales.
- Atentados y agresiones físicas contra personas en el exilio —al menos diez casos documentados, incluidas dos mujeres activistas—.
- Ejecuciones extraterritoriales, con nueve casos identificados, entre ellos los de Joao Maldonado, Roberto Samcam, Gerardo Gutiérrez, Rodolfo Rojas y Edgar Montenegro.
- Riesgo de extradición y persecución judicial, con personas desaparecidas tras ser entregadas al régimen.
“Nadie está a salvo”
El Colectivo advierte que el miedo es utilizado como un mecanismo de control para “hacer saber que nadie está a salvo”.
La violencia se presenta como un círculo secuencial, que pasa de lo físico a lo digital y de la persona exiliada a sus familiares.
En varios testimonios, las víctimas relataron haber recibido amenazas desde números nicaragüenses y costarricenses, e incluso mensajes de personas que se identifican como “oficiales del régimen”, lo que evidencia una estructura organizada y transnacional.
Casos emblemáticos y desprotección
El informe menciona que 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad desde 2023, amparados en la llamada Ley de traidores a la patria.
Además, denuncia nueve ejecuciones en el exilio y al menos cuatro casos más que requieren investigación urgente.
Entre los hallazgos, el Colectivo señala un “quiebre del sistema de asilo” en Costa Rica y otros países, así como un daño profundo a la salud mental y la cohesión social de las comunidades exiliadas.
Llamado urgente a la comunidad internacional
El Colectivo Nicaragua Nunca Más pidió una respuesta urgente del sistema internacional de derechos humanos, ante lo que calificó como una crisis de protección global.
Entre sus recomendaciones figuran:
- Que los Estados de acogida fortalezcan sus mecanismos internos de protección, creen unidades policiales especializadas y reconozcan la persecución transnacional como violencia política.
- Que los organismos internacionales —CIDH, OACNUDH, Corte IDH y ONU— documenten sistemáticamente estos casos y promuevan mecanismos de investigación extraterritorial.
- Que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen sistemas de alerta temprana para detectar y denunciar amenazas en tiempo real.
“El régimen ha logrado expandir su política de represión más allá de las fronteras nacionales, y el silencio o la inacción de los países receptores facilita esa expansión”, concluyó Valdivia.