La activista nicaragüense Yadira Córdoba, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), decidió no apelar el fallo de un juez de migración de Texas que rechazó su solicitud de asilo político y ordenó su deportación a Honduras, país al que Estados Unidos considera “tercer país seguro”.
Una fuente vinculada a su equipo de defensa confirmó a La Mesa Redonda que Córdoba renunció a continuar con la apelación prevista para el 8 de diciembre, al considerar que no soporta seguir detenida sin libertad.
“Ella dice que ha sido muy estresante, que lo que quiere es salir. Está tranquila, pero quiere recuperar su libertad”, relató la fuente.
El caso de la madre nicaragüense, cuyo hijo Orlando Córdoba fue asesinado durante la Marcha de las Madres del 30 de mayo de 2018 en Managua, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de trasladarla a Honduras, un país donde se han documentado ataques contra exiliados nicaragüenses.
Según la fuente, el juez estadounidense no escuchó el testimonio de Córdoba ni el de los nueve testigos y cuatro peritos en derechos humanos presentados por la defensa.
“Le dijo directamente que no conocería su caso porque Estados Unidos tiene un acuerdo con Honduras para enviar personas que solicitan asilo acá. No la escuchó, solo le deseó suerte”, afirmó.
El fallo se basó en la reactivación de un acuerdo bilateral de cooperación en asilo (ACA) suscrito entre Estados Unidos y Honduras, que permite remitir solicitantes a ese país para tramitar sus peticiones.
“Honduras se identifica como tercer país seguro, pero todos sabemos que no lo es, menos para opositores nicaragüenses”, agregó la fuente.
La defensa presentó más de 170 folios de pruebas, incluidas listas de asesinatos, informes de riesgo y carta del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (CEJIL) y otros organismos internacionales que advertían sobre la vulnerabilidad de Córdoba. Sin embargo, el juez desestimó los argumentos.
Yadira Córdoba permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Antonio, mientras su defensa y organismos internacionales gestionan alternativas diplomáticas para que, si es deportada, sea trasladada a un país distinto de Honduras.
“Estamos haciendo canalizaciones con ACNUR y otras instituciones para ver si puede ser reubicada en otro país, pero todo depende de las gestiones diplomáticas”, precisó la fuente.