Al 2 de diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reporta 62 personas detenidas por motivación política en Nicaragua.
Aunque la cifra refleja una reducción respecto de octubre —cuando se contabilizaban 77—, el organismo advierte que esta disminución no implica una mejoría en la situación de derechos humanos, sino que obedece principalmente a excarcelaciones opacas y a un subregistro creciente provocado por el miedo y las amenazas contra las familias.
Según el informe, la reducción responde a la excarcelación de 18 personas incluidas en la lista oficial (12 hombres y 6 mujeres), así como a la incorporación de tres nuevos casos.
A la vez, el Mecanismo documentó la liberación de 17 personas adicionales que nunca habían sido reportadas, por temor de sus familias a represalias. Estos perfiles corresponden principalmente a trabajadores estatales, exmilitares y simpatizantes sandinistas, lo que confirma que el universo de detenciones políticas es mayor al conocido.
Excarcelaciones sin garantías y bajo vigilancia
Las excarcelaciones se realizaron sin aviso oficial y bajo completa opacidad. Varias personas fueron regresadas a sus hogares en grave deterioro físico y emocional, tras meses sin acceso a defensa independiente y en condición de desaparición forzada.
En múltiples casos, las autoridades impusieron casa por cárcel, obligación de firmar diariamente en estaciones policiales y vigilancia directa en sus viviendas.
El Mecanismo sostiene que estas medidas no constituyen liberación plena, sino un mecanismo extendido de control social orientado a reducir presión internacional sin modificar las prácticas represivas de fondo.
Desaparición forzada: 45% del total
El informe alerta que 28 personas —el 45 % del total— permanecen desaparecidas, sin información oficial sobre su paradero ni su estado físico. Es una de las violaciones más graves documentadas por organismos internacionales.
El patrón muestra además un sesgo de género:
- 83 % de las mujeres presas políticas siguen desaparecidas
- 37 % de los hombres se encuentran en esa condición
El Mecanismo señala que esta diferencia evidencia un uso sexista y discriminatorio de la represión, que reproduce patrones históricos de violencia estatal contra mujeres lideresas, defensoras y activistas.
Adultos mayores en riesgo extremo
Entre las 62 personas detenidas, 18 son adultas mayores, algunas de más de 80 años. Pese a que la legislación nacional exige protocolos de protección, el Estado ha mantenido condiciones degradantes, la negación de atención médica adecuada y restricciones severas a la comunicación familiar.
El deterioro físico observado en personas recientemente excarceladas evidencia, según el informe, responsabilidad directa del sistema penitenciario en violaciones a su integridad personal.
El análisis departamental muestra que:
- 24 % de los casos proviene de Carazo, donde las redadas masivas de julio y agosto de 2025 generaron un número significativo de desapariciones.
- 21 % corresponde a Managua, pero 48 % del total está recluido en Tipitapa y la capital, lo que dificulta el acompañamiento familiar.
Los centros penitenciarios donde se concentra la mayoría son La Modelo, La Esperanza, Waswalí y Juigalpa–Cuisalá, además de numerosos casos bajo casa por cárcel.
Un subregistro que crece con el miedo
El Mecanismo enfatiza que la cifra de 62 personas es un mínimo verificable, pues muchas familias temen reportar las detenciones debido a vigilancia, amenazas, hostigamiento policial y riesgo de represalias.
Estas prácticas han creado un entorno de silencio forzado, que impide identificar oportunamente el universo total de personas encarceladas por motivación política.
Incluso tras las excarcelaciones, múltiples familias fueron advertidas para no denunciar y se mantienen bajo monitoreo policial, lo que confirma que las liberaciones forman parte de una estrategia estatal de administración política del encarcelamiento.
Continuidad de la represión
El informe concluye que las excarcelaciones recientes no representan un cambio estructural, sino una variación táctica. Continúan los procesos judiciales opacos, la negación de información, la ausencia de defensa independiente y la persistencia de desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de detención y castigo político.
El Mecanismo reitera que todas las personas presas políticas —entre ellas opositores, líderes indígenas, guardabosques, miembros del clero, simpatizantes del FSLN, militares y exmilitares— deben ser liberadas sin condiciones, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.