Trabajadores de la empresa de zona franca Rocedes S.A., ubicada en el sector de Las Mercedes, Managua, realizaron recientemente un reclamo público luego de que la administración les informara que no recibirían el pago íntegro del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.
Según los empleados, el pago, que tradicionalmente se efectúa alrededor del 10 de diciembre, sería sustituido por un bono parcial, bajo el argumento de supuestas causas de “fuerza mayor”.
La medida provocó la suspensión temporal de labores por parte de los obreros, quienes denunciaron que la decisión contraviene el artículo 93 del Código del Trabajo de Nicaragua, el cual establece la obligación patronal de pagar el aguinaldo durante los primeros días de diciembre.
El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones administrativas y multas para la empresa. Aunque la administración de Rocedes ofreció la renovación de contratos para el ciclo 2026 como medida de contención, varios trabajadores manifestaron su preocupación ante la posibilidad de no recibir el pago completo de sus prestaciones e indemnizaciones.
Hasta la fecha, el Ministerio del Trabajo no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso.
En paralelo a estos reclamos, registros judiciales recientes reflejan la existencia de demandas laborales en la modalidad de ejecución, tramitadas ante los Juzgados de Ejecución y Embargos de Managua.
Entre ellas destacan los expedientes 000628-ORM4-2025-LB y 000652-ORM4-2025-LB, ambos interpuestos contra Rocedes, Sociedad Anónima. En dichos procesos, la empresa comparece representada por su apoderado general de administración, Carlos Joaquín Cuadra González.
Carlos Joaquín Cuadra González es hijo mayor del general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua y figura relevante de la cúpula militar del régimen sandinista.
Asimismo, Sol Cuadra, quien ocupa el cargo de Senior Project Analyst en Rocedes, es la hija menor del general en retiro, de acuerdo con información disponible en registros y perfiles profesionales públicos.
Fuentes extraoficiales señalan que presuntas dificultades financieras estarían afectando a varias empresas vinculadas a un conglomerado empresarial asociado a círculos de poder militar.
En ese contexto, el principal operador de negocios del grupo habría salido recientemente del país junto a su núcleo familiar. Según estas versiones, el grupo se encontraría actualmente en El Salvador, donde estaría gestionando una residencia bajo la figura de inversionista, en lo que se interpreta como una estrategia de resguardo patrimonial ante una eventual crisis económica que impactaría a sectores empresariales cercanos a la élite militar.