Al menos trece organizaciones nicaragüenses opositoras y de derechos humanos en el exilio fueron admitidas como coadyuvantes por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, en un proceso judicial orientado a frenar la extradición del agricultor y activista nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, acusado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de delitos que los colectivos califican como fabricados.
Fernández Sandoval, de 57 años, padre de cuatro hijas y residente legal en Costa Rica desde hace casi tres décadas, es integrante de la Resistencia Campesina Azul y Blanco.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo señala de estar vinculado con la muerte de una oficial y un civil, hechos que —según las organizaciones— ocurrieron cuando él se encontraba trabajando como jardinero en una institución estatal costarricense.
Reconocimiento jurídico sin precedentes
La admisión de las organizaciones como coadyuvantes constituye un hecho inédito en procesos de extradición en Costa Rica.
Esta figura jurídica les permite aportar pruebas, contexto, informes internacionales y argumentos de derechos humanos en el análisis del recurso de apelación presentado por la defensa legal de Fernández Sandoval.
Según representantes del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), el tribunal otorgó a las organizaciones un plazo para precisar qué aspectos clave de la abundante documentación internacional presentada deben ser considerados, incluyendo informes de la ONU, Amnistía Internacional y resoluciones sobre tortura, persecución transnacional y abuso de mecanismos como las alertas rojas de Interpol.
Principio de no devolución, eje de la defensa
Las organizaciones insisten en que extraditar a Fernández Sandoval violaría el principio de no devolución, consagrado en el derecho internacional y en la legislación costarricense, que prohíbe enviar a una persona a un país donde su vida o integridad estén en riesgo.
Citan informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentan detenciones arbitrarias, tortura sistemática, desapariciones forzadas y la inexistencia de independencia judicial en Nicaragua.
“El tribunal no puede alegar desconocimiento de la situación nicaragüense. Está ampliamente documentado que Nicaragua no ofrece garantías mínimas para ningún opositor”, señalaron los colectivos.
Temor fundado por antecedentes recientes
Las organizaciones advierten que la extradición equivaldría a una sentencia de desaparición forzada o tortura, recordando casos como el del mayor retirado Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en 2025, y el del líder campesino Jaime Luis Ortega Chavarría, muerto en 2024.
También mencionan el caso de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado previamente y actualmente en condición de desaparición forzada en Nicaragua.
En contraste, destacan el precedente de Reinaldo Picado, cuya extradición fue frenada tras la intervención de organizaciones sociales y la aplicación del principio de no devolución, reforzado por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Impacto más allá de un caso individual
Para los firmantes, el proceso contra Fernández Sandoval no es un caso aislado, sino parte de una estrategia de persecución transnacional dirigida a intimidar a la diáspora nicaragüense y paralizar la organización campesina en el exilio.
“Este no es solo un juicio contra Pedro Javier. Es una prueba para la justicia costarricense y una señal para miles de exiliados que podrían enfrentar el mismo riesgo”, afirmaron.
Llamado a Costa Rica y a la comunidad internacional
Las organizaciones reiteraron su confianza en que Costa Rica mantendrá su tradición humanitaria y su compromiso con los derechos humanos. También anunciaron que mantendrán vigilancia pública del proceso, acompañamiento a la familia del acusado y comunicación constante con instancias internacionales.
“Defender a Pedro Javier es defender el derecho de toda persona exiliada a no ser entregada a la tortura y la persecución política”, concluyeron.
RENACER Nicaragua se suma a la oposición a la extradición
Paralelamente, la organización RENACER Nicaragua, presentó ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José un escrito de apersonamiento como coadyuvante y oposición formal a la solicitud de extradición promovida por el régimen en Nicaragua.
En su gestión, RENACER sostiene que la extradición de Pedro Javier Fernández Sandoval resulta jurídicamente improcedente, al existir un riesgo real, previsible y fundado de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo persecución por motivos políticos, ausencia de independencia judicial y falta de garantías efectivas de debido proceso en el país requirente.
La organización fundamenta su posición en la Constitución Política de Costa Rica, la Ley de Extradición, diversos tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayando la aplicación obligatoria del principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe la extradición cuando la persona solicitada enfrenta riesgo de tortura, desaparición forzada o persecución política.
RENACER advirtió además que autorizar una extradición bajo estas condiciones podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado costarricense, dado el contexto ampliamente documentado por organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua.
Finalmente, la organización aclaró que su actuación no busca obstaculizar la cooperación judicial internacional, sino evitar que los mecanismos de extradición sean utilizados como instrumentos de persecución política, reafirmando el compromiso histórico de Costa Rica con la defensa y protección de los derechos humanos.