Por: José Alberto Montoya
La historia reciente de Honduras no puede entenderse sin el golpe de Estado de 2009. Aquel quiebre institucional no solo interrumpió un mandato presidencial, sino que fracturó la confianza ciudadana en la democracia y abrió un ciclo de autoritarismo, corrupción y violencia que marcaría a toda una generación. En ese contexto emergió Manuel Zelaya como un caudillo capaz de movilizar a miles de personas, articulando junto a su familia un proyecto político que prometía una transformación profunda de la vida cotidiana del pueblo hondureño.
Ese liderazgo fue heredado por su esposa, Xiomara Castro, quien tras intentos fallidos desde 2013 y una compleja red de alianzas, logró alcanzar la presidencia en 2021. Su triunfo fue histórico: no solo se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras, sino que representó un quiebre con el bipartidismo tradicional y la llegada, por primera vez, de un gobierno abiertamente de izquierdas al poder.
La administración de Xiomara Castro inició con símbolos potentes. La recuperación de la memoria histórica, la promesa de justicia para las víctimas del golpe de Estado y la reivindicación de figuras como Berta Cáceres colocaron al nuevo gobierno en una posición moralmente distinta a la de sus antecesores. En lo material, el balance no fue menor: inversión pública en infraestructura, reducción de la deuda, rescate de la Caja Única del Tesoro para mejorar la transparencia, eliminación de fideicomisos opacos y un aumento significativo del gasto social. Hospitales, carreteras, escuelas, electrificación rural y títulos de propiedad para familias campesinas se convirtieron en emblemas visibles de la gestión.
Sin embargo, la pregunta que hoy atraviesa el debate hondureño es inevitable: ¿por qué la refundación prometida no se consolidó?
La respuesta no está en la ausencia de políticas públicas, sino en un profundo error de cálculo político. El proyecto Libertad y Refundación (LIBRE) nunca logró construir una mayoría social propia y sostenida. Su llegada al poder dependió de alianzas coyunturales, particularmente con Salvador Nasralla y otros sectores que representaban el voto antisistema. El acuerdo de cogobierno que permitió la victoria electoral terminó vaciado de contenido en la práctica: Nasralla fue relegado a una vicepresidencia sin incidencia real, sus cuadros políticos fueron desplazados y el Congreso quedó bajo el control de una dirigencia cada vez más alineada con la familia presidencial.
Lejos de ampliar su base política, el oficialismo optó por concentrar poder. En lugar de conquistar a los indecisos o tender puentes con sectores críticos, fortaleció sus vínculos con la cúpula militar, el sistema judicial, los medios de comunicación y consolidó su presencia en todos los poderes del Estado. Esta estrategia, lejos de generar estabilidad, alimentó la percepción de que la refundación se transformaba en un proyecto de control.
A ello se sumó un factor especialmente corrosivo: el nepotismo. La presencia sistemática de miembros de la familia Zelaya en cargos estratégicos del Estado erosionó rápidamente la credibilidad del discurso ético que había acompañado al proyecto. El daño fue mayor cuando el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, apareció vinculado en un video a negociaciones con estructuras del crimen organizado. Más allá de las responsabilidades penales, el impacto político fue devastador: la promesa de ruptura con el pasado comenzaba a parecerse peligrosamente a él.
Xiomara Castro tampoco logró emanciparse políticamente de la figura de Manuel Zelaya. Su incapacidad para marcar distancia del caudillismo y su defensa reiterada de regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela —aun cuando estos fueron cómplices de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández— terminaron aislando a su gobierno y debilitando su legitimidad interna.
El desenlace fue previsible. La ruptura entre LIBRE y Salvador Nasralla no solo fragmentó el voto opositor, sino que allanó el camino para el retorno del Partido Nacional al poder. Nasry Asfura, representante del mismo aparato político que promovió el fraude electoral de 2013 y consolidó el narcoestado hondureño, capitalizó el desgaste de sus adversarios y volvió a colocar a los viejos actores en el centro del poder.
Las últimas elecciones confirman una lección incómoda pero necesaria: los proyectos transformadores no fracasan únicamente por la resistencia de las élites, sino también por sus propias contradicciones internas. Subestimar el Estado de derecho, la separación de poderes y la memoria colectiva tiene un costo alto. Honduras no perdió solo una elección; perdió una oportunidad histórica de demostrar que la refundación no era un eslogan, sino un compromiso real con la democracia, la ética pública y el bien común.
Porque cuando el poder se administra como herencia y no como responsabilidad, incluso las causas más justas terminan fortaleciendo a quienes prometieron combatir.