Ante los últimos acontecimientos, quiero empezar dejando absolutamente claro que hoy no ocurrió ningún “secuestro” de ningún presidente y mucho menos de un jefe de Estado, hoy se ha empezado a desmontar una ficción peligrosa que durante años fue tolerada por una comunidad internacional cobarde y selectiva. Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Es un criminal de lesa humanidad, jefe de una estructura narcotraficante, responsable y heredero directo de un sistema de represión que convirtió al país en un laboratorio del autoritarismo moderno, junto a sus aliados del foro de San Pablo.
Maduro no ha sido un gobernante, ocupa el poder por la fuerza, de la misma manera es el líder visible de una enorme empresa criminal transnacional, señalada por tribunales internacionales, por agencias de justicia y por organismos de derechos humanos. Su eventual juzgamiento en los Estados Unidos no se trata de una intromisión imperial ni una “judicialización de la política” (como pretende posicionar un cansado e innecesario discurso de la extrema izquierda internacional), mas bien esto es el resultado lógico de años de crímenes, narcotráfico, corrupción sistémica y violaciones graves al derecho internacional.
En Venezuela, el único presidente legítimamente electo por los venezolanos el 28 de julio de 2024 es Edmundo González Urrutia. Y la líder natural del proceso de transición democrática es María Corina Machado, perseguida, inhabilitada arbitrariamente y forzada a operar en condiciones de riesgo personal extremo. Que una dirigente política deba esconderse para hablar, mientras el verdadero criminal se presenta como presidente, es la prueba más clara de que en Venezuela no hay soberanía popular, sino terror de Estado.
La represión cometida por esta dictadura no son palabras vacías, es un hecho verificable. Según el Foro Penal, una de las organizaciones más serias y reconocidas en la documentación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el país mantiene cientos de presos políticos, incluidos mujeres, jóvenes, militares y civiles, muchos de ellos sometidos a desaparición forzada, aislamiento prolongado y juicios sin garantías. Esto ha sido corroborado por informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, así como por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han documentado patrones sistemáticos de tortura y persecución política.
Estamos ante crímenes de lesa humanidad, como lo define el Estatuto de Roma. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se esconden detrás de banderas ideológicas, me resulta especialmente indignante escuchar hoy a sectores de la izquierda internacional rasgarse las vestiduras hablando de “soberanía” y “autodeterminación de los pueblos”. Es la misma izquierda que guardó silencio mientras se torturaba, se desaparecía y se empujaba a millones al exilio. Es la misma izquierda que hoy pretende dar lecciones de moral democrática mientras defiende o relativiza dictaduras amigas.
No hay nada progresista en proteger a un narcodictador, no hay nada antiimperialista en justificar la tortura, no hay nada popular en encarcelar al pueblo.
La soberanía no es un escudo para el crimen. Como bien advirtió en algún momento la autora Hannah Arendt, cuando el poder se divorcia de la legitimidad y se sostiene solo en la violencia, deja de ser autoridad y se convierte en dominación, Ademas Karl Popper diría, una sociedad abierta no puede tolerar a quienes destruyen sistemáticamente la libertad desde dentro. (agrego algunas referencias por si se me buscara desacreditar con ataques ad hominen como normalmente es costumbre de este sector)
Lo que ocurre en Venezuela, además, tiene un espejo claro en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega replica el mismo manual, unas elecciones fraudulentas, presos políticos, exilio forzado de miles de nicaragüenses, persecución religiosa y criminalización de toda disidencia. Son regímenes que se sostienen mutuamente, que comparten métodos, narrativas y redes de protección.
Por eso la respuesta no puede ser tibia ni fragmentada. La salida pasa por unidad democrática real, no por pactos de élites ni por silencios cómplices. Unidad para exigir justicia, para acompañar a las víctimas, para presionar internacionalmente sin complejos y para dejar claro que la democracia no se negocia con dictadores.
Hay razones para la esperanza. La historia demuestra que ningún régimen basado en el miedo es eterno. La justicia puede tardar, pero llega. Y cuando llega, lo hace no como venganza, sino como reparación.
Venezuela va a ser libre. Nicaragua también, y cuando eso ocurra, no será gracias a la neutralidad hipócrita, sino al coraje de quienes se atrevieron a llamar las cosas por su nombre, porque Maduro no es presidente, es un criminal, y los criminales, tarde o temprano, responden ante la justicia.
EDGARD BLANCO LOPEZ
ACTIVISTA POLITICO NICARAGUENSE
Director del Centro de Acción para la Libertad, CAL