Congresistas de Estados Unidos presentaron el miércoles un nuevo proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y reforzar la presión internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la persecución contra la Iglesia Católica y la anulación de la democracia en Nicaragua.
La iniciativa, denominada Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026 (HR 7055), fue presentada por el representante Chris Smith (republicano por Nueva Jersey) y la representante María Elvira Salazar (republicana por Florida), ambos presidentes de subcomités clave de la Cámara de Representantes en temas de derechos humanos y política hemisférica.
Smith afirmó que el proyecto de ley establece “graves sanciones económicas” para exigir responsabilidades al régimen nicaragüense y ofrecer alivio al pueblo.
“Los nicaragüenses —incluidas personas de fe, líderes de oposición y presos políticos— han sufrido durante demasiado tiempo bajo la opresión del régimen Ortega-Murillo”, sostuvo el congresista, quien ha presidido cuatro audiencias del Congreso sobre la crisis en Nicaragua.
Por su parte, Salazar calificó a Ortega y Murillo como “dictadores despiadados”.
“Encarcelan a sus oponentes, silencian a la Iglesia, reprimen la libertad de expresión y destruyen la democracia porque temen a un pueblo libre”, declaró.
Añadió que la legislación envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos no legitimará la tiranía en el hemisferio.
Sanciones más duras y bloqueo a inversiones
La ley reautoriza y amplía normas previas, como la Ley de Condicionalidad de la Inversión de Nicaragua (2018) y la Ley de Reforma Electoral (2021), y endurece los criterios para imponer sanciones, prohibiendo además la asistencia financiera y la inversión estadounidense en Nicaragua.
Entre las principales disposiciones, el proyecto ordena al gobierno de Estados Unidos a:
- Cesar de inmediato cualquier inversión estadounidense en la economía nicaragüense.
- Oponerse a la asistencia financiera o técnica al régimen desde organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
- Imponer sanciones específicas a sectores económicos que generan ingresos para la familia Ortega, especialmente tras arrestos y condenas de motivación política, graves violaciones a presos políticos o apoyo a la invasión rusa de Ucrania.
- Visibilizar la crisis democrática y de derechos humanos y respaldar a líderes religiosos y de oposición silenciados.
- Financiar programas que documenten abusos desde abril de 2018 y promuevan derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
- Impulsar una salida política basada en elecciones libres y justas y el cese de la violencia política.
Presión internacional en aumento
Los promotores subrayaron que la iniciativa busca incrementar la presión internacional sobre Managua para forzar cambios reales.
“Esta legislación pone a Nicaragua en alerta”, afirmó Smith, al insistir en que el régimen debe abandonar la represión y abrir el camino a comicios auténticos.
La presentación de la HR 7055 ocurre en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre Nicaragua, marcado por denuncias persistentes de persecución religiosa, encarcelamientos arbitrarios, destierros y reformas legales que consolidan el poder absoluto del régimen.
Con esta ley, el Congreso estadounidense eleva el costo político y económico del autoritarismo y reafirma su respaldo a las víctimas de la represión.