La anulación del derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua constituye una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos y forma parte de una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para castigar políticamente, generar miedo y consolidar el control social, advirtió el abogado y defensor de derechos humanos Salvador Marenco del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Marenco explicó que la reforma constitucional impulsada por la dictadura viola el principio de progresividad de los derechos humanos, al tratarse de una medida regresiva que afecta directamente el derecho a la nacionalidad, tanto de nicaragüenses de origen como de personas naturalizadas.
“Se violentan las dos aristas del derecho a la nacionalidad. Esto no es compatible con los estándares internacionales”, subrayó.
El defensor recordó que, tras la Segunda Guerra Mundial, la tendencia global ha sido proteger y ampliar la doble nacionalidad como un mecanismo de integración, intercambio cultural y desarrollo entre los pueblos.
En contraste, Nicaragua se coloca en un grupo extremadamente reducido de países que eliminan de forma inmediata este derecho, priorizando —según Marenco— “un control hermético de la población por encima de cualquier noción de progreso”.
La nacionalidad como herramienta de represión
Marenco afirmó que el régimen ha utilizado la nacionalidad como una herramienta de sometimiento y terror, con el objetivo de fomentar la autocensura y la lealtad forzada.
“La desnacionalización se ha convertido en un castigo político”, dijo, al señalar que al menos 452 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad por vía judicial, sin garantías procesales, y centenares más de facto, en lo que calificó como un crimen de lesa humanidad por persecución política, y en algunos casos, religiosa.
Advirtió además que la reforma abre la puerta a una aplicación arbitraria y generalizada, ya que la Constitución no establece artículos transitorios que limiten su alcance temporal.
“No se trata solo del principio de irretroactividad de la ley. La Constitución está por encima de la ley y deja a todas las personas con doble nacionalidad en un riesgo permanente”, explicó.
Una “muerte civil” con efectos múltiples
El defensor de derechos humanos enfatizó que perder la nacionalidad va mucho más allá de perder un pasaporte o una cédula.
“La nacionalidad es un derecho llave. Al violarlo, se afectan de manera encadenada otros derechos fundamentales”, afirmó.
Entre los derechos vulnerados mencionó:
- Derechos políticos, ya anulados de facto bajo la dictadura.
- Derecho a la pensión, con especial impacto en personas adultas mayores en el exilio.
- Derecho a la propiedad, ya que la desnacionalización suele ir acompañada de confiscaciones.
- Derecho al trabajo, a la seguridad social y a la personalidad jurídica.
- Imposibilidad de realizar actos jurídicos con efectos en Nicaragua, como compraventas o escrituras públicas.
“Al quitarte la nacionalidad, el régimen te desconoce como sujeto de derechos y obligaciones. Eso genera una especie de muerte civil con efectos hacia Nicaragua”, sostuvo Marenco, al tiempo que advirtió sobre las afectaciones indirectas a familias que dependen de rentas, propiedades o vínculos legales con el país.
Riesgo de confiscaciones y prohibición de ingreso
Marenco alertó que la reforma se inscribe en una estructura jurídica diseñada para facilitar confiscaciones masivas, recordando que el control del Registro de la Propiedad fue trasladado a la Procuraduría General de “Justicia” y que en los últimos años se han aprobado reformas que permiten confiscaciones secretas, discrecionales y sin control judicial.
“No hay ninguna garantía de que el régimen no aplique esta reforma de forma retroactiva o masiva. La palabra de la dictadura no es garantía de nada”, afirmó.
También advirtió que la pérdida de la nacionalidad podría ir acompañada de la prohibición de ingreso al país, incluso como extranjero, profundizando la ruptura familiar y el desarraigo.
Recomendaciones y advertencia final
Consultado sobre qué recomendar a quienes buscan una segunda nacionalidad, Marenco señaló que, aunque la reforma es inconvencional y violatoria del derecho internacional, en la práctica adquirir otra nacionalidad implica asumir el riesgo inmediato de perder la nicaragüense, junto con una cascada de otros derechos.
“La nacionalidad ha estado ligada a fines confiscatorios. Esto amplía aún más el espectro de violaciones y la vulnerabilidad de las personas en el exilio”, concluyó Marenco, advirtiendo que ningún derecho en Nicaragua está hoy a salvo y que la amenaza del régimen es permanente contra quienes considera disidentes.