A pocas semanas de las elecciones generales en Costa Rica, más de 54.000 personas de origen nicaragüense naturalizadas están habilitadas para ejercer el voto, lo que representa el 1.5 % del padrón electoral, según datos de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU).
Sin embargo, esta población continúa invisibilizada por los partidos políticos y, al mismo tiempo, expuesta a discursos xenófobos utilizados por algunos candidatos como herramienta electoral.
Así lo advirtió Jhoswel Martínez, presidente de ASIDEHU, quien señaló que, aunque numéricamente este grupo suele ser visto como irrelevante por las estructuras partidarias, su peso real va mucho más allá de las cifras.
“Desde los partidos políticos se percibe como un margen de error, como un número que no significa nada. Pero si lo vemos en perspectiva, estamos hablando de una población directamente vinculada a más de 600.000 migrantes regularizados que viven en Costa Rica y no tienen derecho al voto, pero sí intereses políticos y sociales claros”, explicó Martínez.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, esta red familiar y comunitaria conecta a los votantes nicaragüenses naturalizados con casi el 10 % de la población total del país, un sector que aporta a la economía, paga impuestos y sostiene actividades clave, pero que permanece excluido del debate electoral.
Pese a ello, Martínez denunció que ninguno de los planes de gobierno de los 20 candidatos presidenciales incluye propuestas dirigidas a esta población.
“No hay una sola iniciativa pensada para las más de 54.000 personas nicaragüenses que pueden votar, ni para las más de 90.000 personas extranjeras habilitadas en general. Simplemente no existen en las agendas políticas”, subrayó.
Mensajes xenófobos en la campaña electoral
En paralelo a esta exclusión, el activista alertó sobre el uso creciente de mensajes xenófobos en la campaña electoral.
Discursos que responsabilizan a las personas migrantes del colapso de la seguridad social, del desempleo o de la delincuencia, pese a que los datos oficiales lo desmienten, se han vuelto recurrentes en la retórica de algunas candidaturas.
Martínez recordó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha señalado que sus principales problemas responden a la falta de personal médico y a millonarias deudas, incluso de figuras políticas y empresariales, y no a la atención de personas migrantes.
Asimismo, indicó que la población migrante no alcanza ni el 5 % de la población carcelaria, desmontando otro de los argumentos más usados en los discursos de odio.
“El uso de la xenofobia es una estrategia populista clásica: se crea un enemigo para ocultar los verdaderos problemas del país y presentarse como la solución”, afirmó.
El impacto de estos mensajes, añadió, no es menor. Informes de Naciones Unidas han documentado centenares de miles de expresiones de odio en redes sociales, muchas dirigidas contra personas migrantes nicaragüenses, lo que deteriora la convivencia social y profundiza la estigmatización.
Con más de 3,7 millones de personas convocadas a las urnas el próximo 1 de febrero para elegir presidente y diputados, organizaciones de derechos humanos advierten que ignorar a la población migrante votante y tolerar discursos xenófobos no solo debilita la democracia, sino que normaliza la exclusión de un sector clave de la sociedad costarricense.