Especialistas de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, advirtieron que varias propuestas presidenciales de cara a las elecciones de 2026 criminalizan a la población migrante, carecen de diagnósticos claros y presentan vacíos significativos en materia de derechos humanos, pese a que la migración es un fenómeno estructural en ese país.
El señalamiento se dio durante el tercer capítulo de la miniserie Praxis Electoral, producido desde la Biblioteca Joaquín García Monge de la UNA, que analizó el abordaje del tema migratorio en los planes de gobierno de las principales candidaturas presidenciales.
El sociólogo Guillermo Acuña González, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, explicó que las propuestas se mueven entre dos grandes enfoques: uno centrado en el control y la seguridad, y otro orientado a la integración y los derechos humanos.
Según el académico, el enfoque más restrictivo se observa en el Partido Pueblo Soberano, cuya propuesta denomina el tema migratorio como “Fronteras seguras” y plantea el fortalecimiento de centros de detención.
Para Acuña, este planteamiento concibe a la población migrante como una “amenaza”, en lugar de reconocerla como un actor que aporta al desarrollo económico y social del país.
El especialista recordó que cerca del 10 % de la población que habita Costa Rica es migrante y que este grupo contribuye aproximadamente con el 6,5 % del producto interno bruto.
Pese a ello, advirtió que durante las campañas electorales el tema migratorio suele instrumentalizarse para generar miedo y criminalizar la movilidad humana, una tendencia que también se observa en otros países de la región y en Estados Unidos.
Acuña también cuestionó la ausencia total del tema migratorio en el programa de gobierno del Partido Liberación Nacional, lo que calificó como una omisión grave frente a un fenómeno que impacta directamente la economía, los servicios públicos y los derechos humanos.
En contraste, señaló que el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana se acercan más a un enfoque de integración y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, indicó que incluso estas propuestas presentan limitaciones, al no reconocer plenamente a la población migrante como sujeto con autonomía y agencia política, sino únicamente como destinataria de políticas públicas.
Sobre la candidatura de Claudia Dobles, Acuña explicó que la migración aparece de manera transversal en su plan de gobierno, pero sin un apartado específico ni un diagnóstico claro sobre la situación migratoria del país.
Durante el programa también se recordó que el sistema institucional de refugio colapsó desde 2018, tras la llegada masiva de población nicaragüense, y que aún existen miles de solicitudes pendientes de resolución.
A este panorama se suma la participación reciente de Costa Rica en la recepción de vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos, trasladadas al Centro de Atención Temporal para Migrantes, situación que ha sido objeto de denuncias por parte de la Defensoría de los Habitantes.
Los especialistas coincidieron en que el análisis de los planes de gobierno revela omisiones importantes y visiones reducidas sobre migración, a pesar de que se trata de un tema central para el debate electoral de 2026 y para la garantía de los derechos de una parte significativa de la población que vive y trabaja en el país.