La “presidenta encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una ley de amnistía general para los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, un período que abarca todos los gobiernos del chavismo y que ha estado marcado por detenciones arbitrarias, represión y persecución política.
El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial, celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”, declaró Rodríguez, al tiempo que ordenó que la iniciativa sea enviada a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.
Rodríguez afirmó que el objetivo de la medida es “favorecer la convivencia en Venezuela” y llamó a dejar atrás la violencia y la venganza.
“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, añadió, señalando además que la decisión fue previamente conversada con el expresidente Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Alcance de la medida
La amnistía podría beneficiar a cientos de presos políticos que aún permanecen encarcelados en Venezuela. El anuncio se produce casi un mes después de que se iniciaran liberaciones graduales, luego de la captura de Maduro.
Según el chavismo, más de 600 personas han sido excarceladas, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que la cifra real es de 302 liberaciones.
A diferencia de los indultos recientes —que han dejado a los liberados bajo medidas cautelares, como prohibición de salir del país o de hacer declaraciones públicas—, la futura ley de amnistía pretende anular las causas judiciales, lo que implicaría un perdón más amplio.
Rodríguez advirtió que la medida excluirá a personas condenadas por delitos comunes, como homicidio y narcotráfico.
El Helicoide dejaría de ser prisión
En otro anuncio que generó sorpresa entre los asistentes —en un acto cerrado a la prensa—, Rodríguez informó que El Helicoide, uno de los centros de detención más temidos y símbolo de la represión estatal, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
Asimismo, aseguró que impulsará acciones para combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
Un sistema que usa presos como moneda de cambio
El chavismo ha sido señalado durante años por utilizar a los presos políticos como instrumentos de negociación, tanto en diálogos internos como en procesos internacionales. Aunque en ocasiones se han logrado excarcelaciones parciales, estas han ido acompañadas de nuevas detenciones, manteniendo activo un aparato represivo coordinado entre cuerpos policiales y el sistema judicial.
“Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada”, afirmó Rodríguez, al recordar que su padre murió tras ser torturado en prisión.
“Creo en la Constitución, en la soberanía nacional y en la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica”, concluyó.
La iniciativa ahora queda en manos de la Asamblea Nacional, en un contexto de profunda incertidumbre política y con crecientes expectativas de las víctimas de persecución y sus familias.