El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su deriva autoritaria en Nicaragua mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de la represión contra toda forma de disidencia, concluye un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles.
Según el organismo internacional, las enmiendas constitucionales aprobadas por una Asamblea Nacional controlada por el orteguismo han fortalecido el control absoluto del régimen, al tiempo que se mantienen prácticas sistemáticas de persecución política que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, exilios, desnacionalizaciones y confiscación de bienes.
HRW señala que una de las reformas más significativas fue la designación de Rosario Murillo como “copresidenta”, otorgándole además al Ejecutivo la facultad de “coordinar” los poderes Judicial y Legislativo, lo que elimina de facto la separación e independencia de los poderes del Estado.
Ortega se mantiene en el poder desde 2007 y, desde 2014, no existen límites a la reelección presidencial.
Represión y presos políticos
El informe documenta que el régimen continúa atacando todas las expresiones de disidencia y que en 2025 amplió la represión incluso a sectores que antes simpatizaban con el sandinismo.
Hasta octubre se registraban al menos 77 presos políticos, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen un clima de miedo mediante vigilancia, hostigamiento y arrestos arbitrarios.
HRW alerta que al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia desde 2019. Entre ellos, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, quienes fallecieron en agosto tras semanas en condición de desaparición forzada.
Desnacionalización y exilio forzado
El organismo denuncia que la nueva Constitución permite revocar la nacionalidad a personas consideradas “traidoras a la patria”, consolidando legalmente una práctica iniciada en 2023.
Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, muchos de ellos dejados en condición de apatridia, además de sufrir la confiscación de sus bienes.
La represión también ha golpeado a la Iglesia católica: más de 200 miembros del clero han sido forzados al exilio, deportados o se les ha negado el reingreso al país desde 2022.
En paralelo, 293 periodistas huyeron de Nicaragua entre 2018 y mediados de 2025, la segunda cifra más alta de la región.
Persecución más allá de las fronteras
HRW recoge hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, que documentan represión transnacional, con vigilancia, acoso y ataques contra críticos del régimen en el extranjero.
El informe recuerda el asesinato en junio de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y crítico del régimen, ocurrido en su domicilio en San José, Costa Rica, tras recibir amenazas presuntamente vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses.
Desde 2018, al menos siete opositores en el exilio han sido asesinados o atacados, según organizaciones de derechos humanos.
Crímenes de lesa humanidad y aislamiento internacional
HRW subraya que el GHREN ha identificado motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzadas y persecución política.
El informe también destaca el aislamiento internacional creciente de Nicaragua, que se retiró de la OEA en 2023 y, en 2025, abandonó o dejó de cooperar con múltiples organismos de Naciones Unidas. Desde 2018, ningún mecanismo internacional de monitoreo de derechos humanos ha podido ingresar al país.
Ante este panorama, HRW advierte que las reformas constitucionales no solo consolidan el autoritarismo, sino que institucionalizan la represión y cierran aún más los espacios para una salida democrática a la crisis que vive Nicaragua desde hace casi ocho años.