El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, cuestionó el miércoles las recientes liberaciones de personas presas políticas en Nicaragua que han sido colocadas bajo arresto domiciliario, y advirtió que estas medidas no representan un avance real en materia de derechos humanos.
“Las recientes liberaciones de personas en Nicaragua para ponerlas bajo arresto domiciliario pueden parecer gestos positivos por parte de la dictadura. Sin embargo, estas acciones no engañan a nadie. El arresto domiciliario no es libertad”, afirmó Rizzuto durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el pasado 4 de febrero.
El diplomático estadounidense reiteró la exigencia de su país para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo libere de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por motivos políticos.
“Estados Unidos reitera su exigencia a Nicaragua de que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos injustamente, sin arresto domiciliario ni nuevas detenciones”, subrayó.
OEA expresa alarma por la situación en Nicaragua
Las declaraciones de Rizzuto se produjeron en una sesión en la que la Organización de Estados Americanos se declaró “alarmada” por la situación política y social en Nicaragua y exhortó al régimen nicaragüense a respetar los derechos humanos.
Ese mismo día, el Consejo Permanente de la OEA, aprobó por unanimidad una resolución que urge a Nicaragua a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, así como de aquellas sometidas de manera arbitraria a arresto domiciliario.
La resolución también recoge hallazgos del último informe del Grupo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, el cual describe un patrón de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que no se limita al territorio nacional.
Según el texto, estas acciones represivas se extienden más allá de las fronteras terrestres de Nicaragua, afectando a personas exiliadas y opositoras en el extranjero.
El documento advierte además que el régimen recurre a la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, incluyendo el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol, como parte de su estrategia de persecución transnacional.