El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez tildó este domingo de “criminales” a los “regímenes totalitarios” que privan de la nacionalidad a sus ciudadanos, y abogó para que sean juzgados quienes lo ejecutan porque “son auténticos crímenes”.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, incluido al obispo Báez, desde febrero de 2023.
“En los regímenes totalitarios privar de libertad, denigrar con falsedades o tratar con crueldad son también acciones homicidas. Son criminales quienes encarcelan a personas inocentes solo por pensar diferente. También lo son quienes obligan al destierro o privan de la nacionalidad provocando la muerte civil”, lanzó el jerarca católico, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de EE.UU.
El obispo, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que “estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada y malvada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales”.
“Son auténticos crímenes y quienes los han cometido deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano”, sentenció el religioso.
Un 9 de febrero de 2023, hace tres años, el régimen nicaragüense desterró hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, y quienes eran jubilados de su pensión de vejez.
La cifra de apátridas se incrementó seis días después cuando fueron desnacionalizados otros 94 nicaragüenses, más el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez.
Luego, el 5 de septiembre de 2024, fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les privó de su nacionalidad, para totalizar 452.
El lunes pasado, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua expresó su “más enérgico rechazo a la política sistemática de desnacionalización ejecutada por el régimen” de Ortega y Murillo, y advirtió que esa práctica constituye una violación grave del derecho internacional, de los derechos humanos y un “atentado directo” contra los principios fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.