El Gobierno de Costa Rica alertó que el oro extraído ilegalmente en la zona norte de ese país estaría siendo trasladado a Nicaragua, donde —según autoridades costarricenses— empresas asiáticas lo procesan y comercializan.
La denuncia fue realizada por el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, ante el plenario de la Asamblea Legislativa, donde expuso que desde inicios de este año la extracción ilegal en Crucitas y zonas aledañas se ha expandido significativamente.
Según Zamora, el material extraído es transportado en sacos hasta territorio nicaragüense, cruzando el río San Juan, y adquirido por empresas de origen chino que operarían bajo concesiones otorgadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua en áreas cercanas a la frontera.
Concesiones en territorio nicaragüense
El funcionario costarricense afirmó que estas compañías cuentan con concesiones mineras otorgadas por el régimen nicaragüense en zonas de reserva de biósfera fronterizas con Costa Rica.
Reportes de prensa internacional han señalado que las concesiones mineras entregadas a empresas chinas en Nicaragua abarcarían cerca del 6% del territorio nacional.
“En este momento hay empresas del otro lado del río San Juan comprando sacos de tierra y su técnica extractiva permite sacar hasta un 95% del oro que hay en ese saco”, declaró Zamora ante los diputados costarricenses.
Expansión de la actividad ilegal
Costa Rica reporta que el área afectada por minería ilegal pasó de 900 hectáreas a más de 3.000 hectáreas en el último año, incluyendo un nuevo punto de extracción en el cerro Las Conchuditas, ubicado a unos 70 kilómetros de Crucitas.
Zamora detalló que se han identificado al menos 132 piletas para procesar material aurífero y que la operación de resguardo fronterizo le cuesta a Costa Rica alrededor de un millón de dólares mensuales, con 200 efectivos asignados a la zona.
Impacto migratorio y tensión regional
El ministro costarricense también advirtió que las concesiones mineras en el lado nicaragüense podrían generar una eventual presión migratoria hacia Costa Rica.
Según su planteamiento, si las empresas extranjeras operan de forma monopólica en la franja fronteriza y desplazan a trabajadores artesanales, podría producirse una ola migratoria de nicaragüenses en busca de oportunidades.
Además, mencionó riesgos asociados como contaminación ambiental, afectación de mantos acuíferos, alteración de mojones fronterizos y posible presencia del crimen organizado.
Debate abierto
En Costa Rica, el tema ha reactivado el debate sobre la regulación de la minería metálica a cielo abierto en la zona de Cutris de San Carlos.
Zamora sugirió que una concesión formal podría ayudar a ordenar la actividad en la frontera norte.
Mientras tanto, los señalamientos colocan nuevamente a Nicaragua en el centro de la discusión regional sobre minería, concesiones a empresas extranjeras y control de actividades ilícitas en zonas fronterizas sensibles.