El ambientalista Amaru Ruiz aseguró que un reciente comunicado del Ejército de Nicaragua constituye una “respuesta” a los señalamientos del Gobierno de Costa Rica sobre el traslado ilegal de recursos desde su territorio hacia Nicaragua, en medio de una creciente tensión binacional por la minería en la zona fronteriza.
Según Ruiz, director de la Fundación del Río, la nota informativa del Destacamento Militar Sur confirma denuncias previas sobre la dinámica de extracción ilegal en áreas protegidas, particularmente en la Reserva Biológica Indio Maíz.
El informe militar, correspondiente a operaciones realizadas entre el 11 y el 18 de febrero de 2026 en el municipio de El Castillo, Río San Juan, detalla la retención de al menos 16 ciudadanos nicaragüenses vinculados a actividades ilegales, así como la incautación de combustible, armas y materiales utilizados en minería.
Entre los hallazgos, el Ejército reportó la ocupación de 826 galones de gasolina destinados presuntamente a labores de extracción ilegal, además del desmantelamiento de cinco pilas de procesamiento con cianuro, una sustancia altamente tóxica utilizada para la separación de minerales.
Las operaciones se concentraron en sectores como La Conchudita, Las Cruces, La Tigra y Las Minas, zonas cercanas a la frontera con Costa Rica y señaladas por autoridades costarricenses como puntos clave del saqueo ambiental.
El pronunciamiento ocurre luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles anunciara que expondrá ante su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la problemática de la minería ilegal en Crucitas, la cual —según el Gobierno— está ligada a redes criminales que trasladan oro y material extraído hacia Nicaragua.
En esa misma línea, el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, advirtió que la actividad ha evolucionado hacia un “saqueo sistemático” del territorio, incluyendo la extracción y traslado de tierra con contenido mineral.
Aunque el Ejército de Nicaragua presenta sus acciones como operativos contra actividades ilícitas, las declaraciones de Ruiz sugieren que estos reportes también evidencian la magnitud del problema en la zona y refuerzan las denuncias sobre un flujo constante de recursos extraídos ilegalmente en la frontera.