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EE. UU. asegura que “8% de toda la población” de Nicaragua ingresó ilegalmente a ese país

Un dato difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) coloca a Nicaragua en el centro del debate migratorio hemisférico: según la agencia, el equivalente al 8% de toda la población nicaragüense ingresó a Estados Unidos sin autorización entre 2021 y 2025, durante la administración de Joe Biden.

La cifra, que posiciona a Nicaragua como el país con mayor proporción de migrantes en ese período —por encima de Cuba, Haití y Honduras—, refleja la magnitud de un éxodo sostenido que distintos analistas vinculan directamente con la crisis sociopolítica y económica bajo el régimen de Daniel Ortega.

El DHS aseguró que la mayoría de estos cruces ocurrieron entre febrero de 2021 y enero de 2025, apoyándose en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En ese mismo informe, la agencia afirmó que el 7% de la población de Cuba, el 6% de Haití y el 5% de Honduras también ingresaron sin autorización, evidenciando una presión migratoria sin precedentes en la región.

Sin embargo, el pronunciamiento no ha estado exento de polémica. El propio DHS acompañó los datos con un discurso político, acusando a la administración Biden de haber convertido a Estados Unidos en un “vertedero de criminales del tercer mundo”, una afirmación sin respaldo estadístico en la publicación y que ha generado cuestionamientos sobre el uso político de las cifras.

Más allá de la controversia, el dato expone una realidad difícil de ignorar: Nicaragua vive uno de los mayores procesos de expulsión de población de su historia reciente. La migración masiva no solo responde a factores económicos, sino también a la represión política, el cierre de espacios cívicos y la falta de oportunidades, elementos señalados de forma reiterada por organismos internacionales.

En términos prácticos, que casi uno de cada diez nicaragüenses haya intentado llegar a Estados Unidos en apenas cuatro años no solo ilustra la dimensión de la crisis interna, sino que también convierte al país en un caso emblemático del colapso social en Centroamérica.

Mientras Washington debate responsabilidades políticas, el flujo migratorio sigue siendo, para miles de nicaragüenses, la única salida frente a un país donde cada vez menos personas ven posible construir un futuro.