“Ojalá el gobierno de Nicaragua quiera colaborar”. Con esa frase, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves marcó el tono de escepticismo frente a la reunión bilateral prevista para este 28 de febrero, en la que autoridades de Nicaragua participarán en medio de crecientes presiones por el flujo de oro ilegal desde Crucitas.
El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, confirmó que el encuentro se realizará en la zona fronteriza y contará con la presencia de su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke.
El objetivo es coordinar acciones para frenar la extracción ilegal de oro y reforzar la vigilancia en el río San Juan.
“Dentro de esta problemática de Crucitas, el ministro de Seguridad (Mario Zamora) me solicitó contactar a la Cancillería nicaragüense para juntos coordinar una intensificación en la vigilancia del Río San Juan y, así, intentar evitar que el oro costarricense sea trasportado por el Río San Juan. El canciller Valdrack Jaentschke atendió amablemente la solicitud y nos confirmó la reunión que tendremos este próximo sábado (28 de febrero) en la zona fronteriza, el ministro Zamora y mi persona, con las contrapartes nicaragüenses para juntos llegar a una solución este gran desafío”, señaló André Tinoco.
Sin embargo, la reacción del mandatario costarricense deja entrever dudas sobre el compromiso real de Managua. La cooperación de Nicaragua es considerada clave, ya que el río San Juan ha sido señalado como una posible ruta para el traslado del oro extraído ilegalmente en territorio costarricense.
“Buena suerte el sábado”, dijo Chaves en tono irónico, al referirse al encuentro, subrayando la incertidumbre que rodea la disposición del régimen nicaragüense para actuar de forma conjunta.
Desde Costa Rica, la problemática ha escalado en el ámbito de seguridad. El Ministerio de Seguridad invierte alrededor de un millón de dólares mensuales en operativos contra la minería ilegal, mientras crecen las alertas sobre la posible participación de estructuras vinculadas al narcotráfico en esta actividad.
La reunión se desarrollará en paralelo a la discusión legislativa sobre un proyecto que busca legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas, una iniciativa que ha generado tensiones políticas internas.