El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU incluyó al histórico dirigente sandinista y exasesor económico presidencial Bayardo Arce Castaño entre las personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua, en medio de un contexto de persistentes violaciones a los derechos humanos en el país.
Según el informe, Arce —de 76 años— figura entre un grupo de personas mayores detenidas arbitrariamente, cuya situación ha sido documentada por los expertos internacionales.
El grupo identificó al menos 15 personas de entre 61 y 82 años que permanecían privadas de libertad al momento de redactarse el informe.
Entre ellas también aparecen el líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, la dirigente indígena Nancy Elizabeth Henríquez James, el coronel retirado Víctor Boitano Coleman y el también militar retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez, junto a su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto.
De acuerdo con el informe, siete de estas personas habrían sido víctimas de desaparición forzada durante su detención.
Salud deteriorada y falta de atención médica
El grupo de expertos advirtió que muchos de los detenidos de edad avanzada padecen enfermedades crónicas o potencialmente mortales, como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas, enfermedad de Parkinson o graves problemas de visión.
Sin embargo, la información recopilada apunta a una ausencia casi total de atención médica adecuada y oportuna.
Incluso cuando familiares entregan medicamentos en los centros penitenciarios, no existe certeza de que estos sean suministrados a los detenidos, lo que representa —según el informe— una amenaza grave para su integridad física y mental.
Más detenciones políticas en el último año
El informe indica que entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026 se registraron 199 detenciones por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 174 corresponden a hombres y 25 a mujeres.
Las detenciones han afectado a militares en activo y retirados, antiguos combatientes sandinistas y de la Contra, familiares de exiliados, así como participantes en las protestas de 2018.
Muchas de estas capturas se realizaron durante operativos policiales simultáneos en varias ciudades del país, tras los cuales los detenidos fueron trasladados a lugares desconocidos.
Estrategia para controlar la disidencia
El grupo de expertos concluye que estos patrones forman parte de una estrategia estatal para controlar a la población y silenciar la disidencia.
Según el análisis del organismo, el régimen persigue tres objetivos principales: eliminar supuestos riesgos dentro de sus propias filas, disuadir nuevas expresiones de oposición y presionar a figuras críticas en el exilio mediante represalias contra sus familiares en Nicaragua.
Aunque el informe reconoce la liberación reciente de algunos presos políticos, los expertos reiteraron que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato y sin condiciones.