Un nuevo boletín de monitoreo de la organización ambiental Fundación del Río advierte sobre la creciente influencia de empresas mineras chinas en Nicaragua, donde actualmente controlan más de un millón de hectáreas en concesiones, equivalentes al 8.5 % del territorio nacional.
El informe señala que esta expansión ha sido facilitada por reformas legales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y podría tener impactos ambientales, sociales y geopolíticos incluso en países vecinos.
De acuerdo con el boletín titulado “Invasión minera china en Nicaragua”, entre 2021 y 2026 se han otorgado 71 lotes mineros a 15 empresas de origen chino, que abarcan 1,013,225.44 hectáreas.
Además, existen tres lotes adicionales en proceso de solicitud.
Entre las compañías con mayor presencia destacan Thomas Metal Sociedad Anónima, Brother Metal Sociedad Anónima y Zhong Fu Development Sociedad Anónima, que concentran la mayor cantidad de concesiones y superficie explotada.
Desplazamiento de otras empresas mineras
El informe apunta que el avance de las compañías chinas ha desplazado a capitales de otros países que tradicionalmente dominaban el sector minero nicaragüense, como empresas de Canadá, Colombia y Reino Unido.
Una de las más afectadas ha sido Calibre Mining Corp. —adquirida por Equinox Gold en 2025—, que redujo más de 413,000 hectáreas en concesiones tras renunciar parcial o totalmente a varios lotes, además de desistir de otros proyectos en trámite.
Interés en minerales estratégicos
El análisis también revela que el interés de las empresas chinas no se limita al oro y la plata. Según el estudio, las concesiones coinciden con zonas con potencial de minerales considerados críticos para la industria global, como cobre, cobalto, molibdeno, tungsteno, níquel, cromo y uranio.
Un ejemplo citado es el lote Labu, ubicado en el municipio de Siuna, donde existen depósitos que incluyen cromo, oro, cobalto y níquel.
Otros lotes concedidos contienen complejos polimetálicos con cobre, plomo, zinc y otros minerales estratégicos.
Empresas opacas y sin historial
El boletín también cuestiona la falta de transparencia de varias de las compañías chinas que operan en el país. Según la investigación, muchas de ellas son de reciente creación, carecen de sitios web y no existen registros públicos de su experiencia minera o de los montos de inversión.
Datos de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua indican que, de 16 empresas chinas identificadas, solo cuatro están registradas formalmente, mientras que once no aparecen inscritas en el sistema y a una se le canceló el registro.
La organización intentó consultar a la embajada de la República Popular China en Nicaragua y en Costa Rica para conocer posibles vínculos entre estas empresas y el gobierno chino, pero no obtuvo respuesta.
Cambios legales para favorecer inversiones
El informe sostiene que el régimen ha realizado diversas modificaciones legales para facilitar la expansión de la minería industrial, especialmente la vinculada a capitales chinos.
Entre ellas destaca la reforma a la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas en 2022, que permitió continuar otorgando concesiones incluso después de sanciones internacionales contra la empresa estatal minera.
Posteriormente, en 2025, el régimen aprobó la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que por primera vez permitió la concesión de proyectos mineros dentro de áreas protegidas.
Tras esa reforma se otorgaron concesiones a la empresa Thomas Metal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, zonas consideradas de alta biodiversidad.
El informe también señala que nuevas reformas eliminaron la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y consultas públicas para ciertos proyectos mineros, además de centralizar la emisión de dictámenes ambientales.
Violaciones a territorios indígenas
Según la investigación, al menos 29 lotes mineros otorgados a empresas chinas afectan territorios indígenas y afrodescendientes, sin cumplir con los estándares internacionales de consulta previa, libre e informada.
Algunas comunidades, señala el informe, ni siquiera han sido informadas de que sus territorios fueron concesionados.
Riesgos para países vecinos
La expansión minera también podría generar tensiones regionales. El monitoreo identifica 11 concesiones ubicadas en zonas fronterizas con Honduras y Costa Rica, algunas a pocos cientos de metros de las fronteras.
En el caso de Costa Rica, el lote La Guinea, concedido a Thomas Metal, se encuentra a menos de 300 metros del río San Juan y cerca de un campamento minero ilegal conocido como Las Cruces, donde operan entre 3,000 y 4,000 personas.
Según la organización, este sitio funciona como centro de procesamiento de oro extraído de Crucitas y otras zonas, mediante métodos semiindustriales que utilizan cianuro y otros químicos.
Tráfico de mercurio y minería ilegal
El boletín también advierte sobre el uso extendido de mercurio en la minería artesanal. Aunque el régimen nicaragüense aseguró haber detenido su importación, estimaciones oficiales citadas por la organización indican que hasta 35.3 toneladas de mercurio se utilizan anualmente en el país.
Gran parte de este material, según testimonios recogidos por la organización, entra por contrabando desde México y China, y también llega a Costa Rica a través de redes ilegales vinculadas a la minería artesanal.
Posibles irregularidades en exportaciones
El estudio identifica además inconsistencias en las exportaciones de minerales hacia China. Mientras Nicaragua reporta exportaciones por 17.1 millones de dólares en concentrados minerales entre 2021 y 2024, China registra importaciones desde Nicaragua por 49.2 millones de dólares en el mismo periodo.
La diferencia de más de 32 millones de dólares podría indicar subfacturación en las exportaciones, utilizada para reducir impuestos o ocultar el contenido real de minerales estratégicos, según el análisis.
Violación del tratado comercial con China
El informe también señala que el régimen nicaragüense podría estar violando el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio firmado con China en 2024, al debilitar la legislación ambiental para favorecer inversiones mineras.
Esto incluiría la derogación de normas que prohibían concesiones dentro de áreas protegidas y la reducción de requisitos ambientales para proyectos extractivos.
Un cambio profundo en la minería del país
Para Fundación del Río, la expansión de las empresas chinas refleja un cambio acelerado en la estructura del sector minero nicaragüense, impulsado por decisiones políticas del régimen y acompañado de procesos opacos de concesión.
La organización advierte que este modelo podría generar impactos ambientales, conflictos territoriales y tensiones regionales, mientras aumenta la dependencia del país de capitales extranjeros en la explotación de recursos estratégicos.