El juez aplaza decisión clave mientras la fiscalía rechaza que el exdictador acceda a recursos vinculados al Estado venezolano.
La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro dejó al descubierto uno de los puntos más sensibles del proceso: el exdictador venezolano asegura no tener recursos propios para pagar su defensa y busca acceder a fondos vinculados al Estado venezolano, en medio de un pulso legal con la fiscalía estadounidense.
El juez Alvin Hellerstein, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, decidió aplazar su fallo sobre si Maduro podrá utilizar esos recursos, lo que mantiene en suspenso el futuro inmediato del caso y coloca el financiamiento de su defensa como eje central de la disputa.
Desde el inicio de la audiencia, quedó claro que la batalla no gira únicamente en torno a los cargos por narcotráfico y armas, sino también a quién pagará a los abogados del venezolano.
Su defensa, encabezada por Barry Pollack, argumentó que impedirle usar fondos venezolanos vulnera su derecho a elegir representación legal.
Pollack sostuvo que existen recursos disponibles —distintos al dinero de los contribuyentes estadounidenses— que podrían cubrir los costos del proceso, y calificó como injustificado obligar a Maduro a recurrir a defensores públicos en un caso de alta complejidad.
Sin embargo, la fiscalía fue tajante. El fiscal Kyle Wirshba rechazó la posibilidad de liberar esos fondos, al advertir que hacerlo socavaría el objetivo de las sanciones impuestas por Washington contra el régimen venezolano.
“Si se les acusa de saquear la riqueza de Venezuela, permitirles usar esos mismos fondos para su defensa debilitaría las sanciones”, argumentó el representante del Ministerio Público.
El propio Maduro ha afirmado que no dispone de dinero suficiente para costear su defensa, lo que refuerza la presión sobre el tribunal para definir si podrá acceder a recursos bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Un caso atípico y sin resolución inmediata
Durante la audiencia, el juez Hellerstein reconoció la complejidad del proceso y advirtió que se trata de un caso fuera de lo común, con implicaciones legales y políticas que van más allá de lo habitual en tribunales federales.
Aunque dejó claro que no desestimará los cargos, decidió tomarse más tiempo antes de pronunciarse sobre el acceso a los fondos, una decisión que será clave para el desarrollo del juicio.
Al cierre de la sesión, Maduro —vestido con uniforme penitenciario— estrechó la mano de su abogado y pronunció un escueto “hasta mañana”, reflejando la incertidumbre que rodea el proceso.
Salud de Cilia Flores entra en escena
En paralelo, la defensa de Cilia Flores introdujo un nuevo elemento de tensión al alertar sobre el estado de salud de la acusada.
Su abogado, Mark Donnelly, solicitó atención médica urgente por una afección cardíaca relacionada con la válvula mitral.
El juez autorizó iniciar los trámites para que se le practique un electrocardiograma, y pidió ser informado de cualquier obstáculo en el proceso.
Proceso bajo presión política
Maduro y Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero en una operación estadounidense.
Mientras el caso avanza, el debate sobre el dinero revela una contradicción de fondo: el exdictador, acusado de manejar recursos del Estado venezolano, ahora asegura no tener fondos propios y depende de una decisión judicial para poder financiar su defensa.
El tribunal fijará una nueva audiencia en las próximas semanas, en la que podría resolverse si Maduro podrá —o no— recurrir a los recursos de Venezuela para enfrentar uno de los juicios más trascendentales de su historia política.