Nicaragua se ubica entre los países más autocráticos del mundo al ocupar el puesto 175 de 179 naciones evaluadas en el informe Democracy Report 2026, elaborado por el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo.
El país obtuvo un puntaje de apenas 0.02, una calificación que lo coloca al nivel de Afganistán y solo por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, considerados entre los regímenes más cerrados del planeta.
El informe atribuye este resultado a la concentración del poder en los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión sistemática de la oposición y el deterioro sostenido de las libertades civiles.
Nicaragua es clasificada como una “autocracia consolidada”, es decir, un sistema donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.
Deterioro institucional sostenido
El estudio del V-Dem evalúa múltiples dimensiones democráticas, incluyendo la calidad electoral, la independencia judicial, la libertad de expresión, los derechos civiles y la autonomía de la sociedad civil. En todas estas áreas, Nicaragua muestra un retroceso constante durante la última década.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura. Esto no solo responde a la censura directa del Estado, sino también a presiones estructurales sobre periodistas y medios para evitar represalias.
Otro factor clave es el “agrandamiento del poder ejecutivo”, un proceso mediante el cual el régimen concentra facultades y debilita o elimina controles institucionales.
En el caso nicaragüense, esto se refleja en el dominio del sistema judicial, el control de los organismos electorales y la subordinación de instituciones como el Ejército y la Policía.
El documento también señala la ausencia de un Estado de derecho funcional, al considerar que el sistema judicial opera subordinado al poder político, sin ofrecer garantías efectivas a ciudadanos ni actores económicos.
Parte de una tendencia global, pero un caso extremo
El informe ubica a Nicaragua dentro de la actual “ola de autocratización” global, un fenómeno en el que gobiernos concentran poder y restringen libertades. Sin embargo, el país destaca como uno de los casos más extremos de América Latina.
A diferencia de otros países de la región que mantienen sistemas democráticos, Nicaragua aparece en el nivel más bajo de calidad democrática, consolidando un modelo autoritario sin espacios reales de competencia política.
Un deterioro con raíces en 2007
El informe coincide con análisis que sitúan el inicio del deterioro institucional tras el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, luego de un período de transición democrática iniciado en 1990 con el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro.
Desde entonces, se impulsaron reformas que debilitaron la independencia institucional y consolidaron el control sobre el sistema electoral y judicial. La eliminación de límites a la reelección y la falta de condiciones equitativas en los procesos electorales marcaron el fin de la competencia política real.
El punto de quiebre se produjo en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado, profundizando el modelo autoritario. A partir de ese momento, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, el cierre de medios y la persecución de opositores.
Comparación con otros regímenes cerrados
El informe ubica a Nicaragua junto a países con sistemas altamente autoritarios:
- Afganistán, bajo un régimen teocrático sin elecciones.
- Myanmar, gobernado por una junta militar tras el golpe de 2021.
- Corea del Norte, con un sistema totalitario dinástico.
- Eritrea, sin elecciones ni prensa independiente.
- Turkmenistán, caracterizado por un modelo personalista y control total de la información.
En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de pluralismo político, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de libertades fundamentales.