La vocera del régimen, Rosario Murillo, negó esta semana que en Nicaragua existan restricciones a la libertad religiosa, en medio de crecientes denuncias nacionales e internacionales sobre persecución contra la Iglesia católica y limitaciones a las expresiones públicas de fe.
Durante un mensaje emitido en el contexto de la Semana Santa, Murillo calificó como “FALSO DE TODA FALSEDAD” los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre violaciones a la libertad religiosa, y aseguró que el país vive en un ambiente de “amor, paz y esperanza”.
Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la realidad documentada por organismos de derechos humanos y con hechos recientes ocurridos en el país, donde por cuarto año consecutivo el régimen de Daniel Ortega ha prohibido las procesiones religiosas en las calles.
Restricciones visibles en Semana Santa
Miles de fieles participaron en actividades religiosas limitadas a los atrios o interiores de las iglesias, bajo vigilancia policial. Testimonios desde Managua indican que celebraciones como el viacrucis se realizaron dentro de recintos cerrados, sin posibilidad de manifestación pública.
Esta situación ha sido señalada por Estados Unidos como una “seria violación” a la libertad religiosa, mientras el régimen insiste en que las acusaciones forman parte de una “campaña de desinformación”.
Murillo, además, arremetió contra voces críticas, a quienes calificó de “fariseos” y acusó de responder a “intereses foráneos”.
Las tensiones entre el régimen y la Iglesia católica no son nuevas. En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al régimen nicaragüense como una “dictadura grosera”, tras la condena del obispo Rolando Álvarez, quien posteriormente fue desterrado y despojado de su nacionalidad.
Desde entonces, las relaciones entre el Vaticano y Managua permanecen suspendidas.
Según el informe “Fe bajo fuego” de la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido expulsados del país, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal.
Denuncias de persecución sistemática
Expertos y organizaciones sostienen que existe un patrón de represión religiosa que incluye:
- Prohibición de procesiones y actividades públicas
- Vigilancia policial en templos
- Expulsión de sacerdotes y obispos
- Cierre de espacios de formación y acción pastoral
La abogada Martha Patricia Molina ha documentado más de 400 parroquias “confinadas”, lo que refleja un control sistemático sobre la práctica religiosa.