La Defensoría de los Habitantes instó al presidente Rodrigo Chaves a firmar de inmediato la ley que protege a los consumidores financieros, advirtiendo que el retraso en su entrada en vigencia mantiene en riesgo a cientos de personas afectadas por estafas electrónicas.
El llamado se produce tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23.908 en la Asamblea Legislativa, una iniciativa que busca fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero ante fraudes digitales.
La Defensoría, que participó como co-redactora del proyecto, calificó la normativa como “un importante avance” para garantizar la defensa efectiva de los consumidores, y advirtió que la demora en su firma incrementa el riesgo para los casos que aún están en trámite.
“Desde la Defensoría hacemos un respetuoso llamado a la Presidencia de la República para que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente de firma para su entrada en vigencia”, señaló la institución.
El órgano también alertó que el impacto de las estafas no se limita a pérdidas económicas, sino que genera afectaciones en la salud física y mental de las víctimas, quienes además suelen ser revictimizadas durante los procesos internos de investigación en las entidades financieras.
La ley introduce cambios clave en el abordaje de los fraudes electrónicos. Entre ellos, elimina la presunción automática de culpa del usuario y traslada a bancos, cooperativas y otras entidades la obligación de investigar cada caso en un plazo máximo de 120 días naturales.
Asimismo, establece que los clientes deberán presentar su reclamo en un plazo de 30 días junto con la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.
Si la entidad financiera no responde en el tiempo estipulado, deberá reintegrar el dinero en un máximo de 10 días.
La normativa contempla excepciones en casos de dolo, autofraude o transferencias entre cuentas vinculadas, pero en general refuerza la responsabilidad de las entidades en la protección del dinero de sus clientes.
Este proyecto se complementa con el fortalecimiento de las contralorías de servicios, a las que la Defensoría instó a actuar como verdaderos mecanismos de defensa de los usuarios frente a posibles abusos o retrasos injustificados.
El debate sobre esta ley ocurre en medio de un aumento sostenido de las estafas electrónicas.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial, las denuncias pasaron de 3.136 en 2022 a 10.027 en 2025, evidenciando la magnitud del problema.
A la espera de la firma presidencial, la Defensoría insiste en que la pronta entrada en vigencia de esta ley es clave para frenar el impacto de los fraudes digitales y garantizar una protección real a los consumidores financieros en Costa Rica.