Organizaciones políticas y de sociedad civil nicaragüense en el exilio solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) mantener a Nicaragua como un tema prioritario durante la 56 Asamblea General de la OEA, denunciando el aumento de presos políticos, desapariciones forzadas, represión transnacional y el fortalecimiento de un “Estado de terror” bajo la dictadura Ortega-Murillo.
A través de una carta enviada al Grupo Voluntario de Países para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, diversas organizaciones nicaragüenses en el exilio demandaron que la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua sea nuevamente debatida en la próxima Asamblea General del organismo regional, que se celebrará en Panamá.
La comunicación, fechada el 7 de mayo de 2026 en Washington D.C., fue dirigida especialmente a Canadá y Chile, países cofacilitadores del Grupo Voluntario, y expresa alarma por el “acelerado deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua.
Las organizaciones advirtieron que la represión ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa profundizándose tanto dentro como fuera del país, afectando a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y ciudadanos exiliados.
Entre las principales denuncias presentadas ante la OEA destacan el incremento de presos políticos y desapariciones forzadas, la eliminación total de la libertad de expresión y de prensa, así como el cierre sistemático de espacios cívicos y democráticos.
Asimismo, denunciaron la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones civiles y partidos políticos, las restricciones a la libertad religiosa y la persecución contra pueblos indígenas.
Otro de los puntos señalados por las organizaciones es el aumento de personas apátridas de facto, debido a las prohibiciones de ingreso impuestas por la dictadura contra ciudadanos nicaragüenses, así como la creciente represión transnacional contra opositores y exiliados.
En la carta, las agrupaciones sostienen que en Nicaragua se ha consolidado un “Estado de terror” que mantiene bajo vigilancia, persecución y control a la población.
Las organizaciones recordaron además que Nicaragua sigue siendo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que continúa obligada a respetar y garantizar derechos fundamentales, pese al aislamiento político impulsado por la dictadura.
En ese sentido, pidieron a los Estados miembros de la OEA retomar como referencia la resolución AG/RES.2978 aprobada en 2021, mediante la cual el organismo concluyó que las elecciones celebradas en Nicaragua ese año carecieron de legitimidad democrática.
Las agrupaciones también solicitaron una audiencia formal con el Grupo Voluntario de Países para Nicaragua, con el objetivo de actualizar información sobre la situación interna del país y exponer las necesidades de respaldo internacional para una salida democrática y pacífica a la crisis.